La semana pasada estalló otro escándalo en los jueves de Cicig y MP. Una vez más se revelan ante los ojos impávidos de los guatemaltecos un mecanismo de apropiación de recursos del Estado por medio de una banda de criminales que, haciendo uso de puestos políticos, gestionan comisiones para quedarse con dinero sucio.
De acuerdo con las declaraciones de la licenciada Thelma Aldana, un diputado, en compañía de funcionarios de la Administración Tributaria, contactaban a los empresarios que estaban en espera de la devolución del impuesto al valor agregado para ofrecerles agilizar el proceso. Los empresarios, ante la necesidad, aceptan entregar una parte de lo percibido a cambio de obtener los recursos que les permitan contar con capital de trabajo.
El empresario, en este caso, no es del todo culpable, debido a que debe esperar un largo periodo para que le sea devuelto el impuesto pagado. Es lógico que si algún funcionario les ofrece apresurar el proceso, pueden considerarlo un buen negocio. Sin embargo, este tipo de prácticas hacen que a lo interno de la SAT se manejen de forma inapropiada los procesos, claro está, acá me refiero a procesos de montos millonarios de devolución de impuestos. Retrasar los expedientes para luego gestionar con personas desde afuera la agilización del trámite ha sido, durante mucho tiempo, una práctica común.
¿Por qué se devuelve el impuesto a los empresarios? Esta pregunta se la hacen muchos ciudadanos. La razón se debe a un principio de equidad y justicia tributaria. El impuesto al valor agregado tiene como objetivo que lo pague el consumidor final. Las fabricas lo cargan al producto que venden, luego lo compensan con el que pagan en las compras de materia prima, y entregan al fisco solo el impuesto por el valor añadido, así evoluciona la cadena. Sin embargo, el exportador no puede cargar el impuesto a su consumidor, en primer lugar porque el producto se destina a un mercado extranjero, y en segundo porque incrementaría el costo sacándolo del mercado.
Los exportadores, cuando compran la materia prima, pagan el impuesto, pero no lo pueden compensar cuando venden el producto al extranjero. Para compensarlo, la ley establece mecanismos para la devolución del impuesto pagado y que fue imposible recuperar. Aquí nace toda una historia de trama delincuencial de mil formas, la descubierta en este caso es apenas una de todas.
La medida es correcta, debido a que las empresas exportadoras recuperan capital de trabajo para continuar creciendo, esto significaría la creación de más empleo, o empleos mejor pagados. Pero cuando un diputado o funcionario se queda con una parte de ese dinero, trunca la vida de muchos guatemaltecos, no solo se trata de disminuir las ganancias de los empresarios, se trata de dejar sin un ingreso digno a miles de guatemaltecos. Por esta razón, el castigo a los involucrados, sin importar el puesto que ocupen, debe ser ejemplar.
Profesor universitario, académico, profesional de las Ciencias Económicas.