Deuda pública y corrupción, imparables
Como están las cosas en la administración pública, no hay poder humano que pueda detener el incremento de la deuda pública. Hasta el 31 de agosto recién pasado, la población de Guatemala –incluido el último recién nacido a las 24 horas de ese día– debe a los acreedores internacionales y nacionales, la suma de Q 72,817, 413,426, de ese dinero, el 84.81 % corresponde a deuda interna –acreedores nacionales–; para nadie es un secreto, ese es el negocio de los financistas de las campañas electorales, “donar” para la campaña para luego beneficiarse como acreedores óptimos para el Estado, y así recibir los jugosos quetzales por concepto de intereses, comisiones, etc.
En los últimos tres años nuestra deuda se ha incrementado un 15.73 %, casi 4.5 mil millones cada año, pero lo que resulta alarmante es el hecho que, de enero a agosto de este año, el incremento es de 3.5 mil millones, y de ahí la preocupación, porque de persistir esa tendencia, al finalizar el periodo de gobierno de Jimmy Morales –año 2020–, la deuda total será igual al presupuesto de 2018.
Definitivamente la situación se torna aún más caótica y preocupante, toda vez que la ejecución del presupuesto de egresos no avanza, el dinero no está circulando, está guardado en los respectivos ministerios, por lo que es obligada la pregunta: Si no se está ejecutando el presupuesto, ¿por qué el Gobierno está recibiendo más préstamos? ¿Por qué el Gobierno nos está endeudando, cuando no vemos por ningún lado la utilización y/o inversión de ese dinero? Lo he dicho reiteradamente, Micivi, al 31 de agosto, apenas llega al 30 % de ejecución presupuestaria, mientras las carreteras cada día que pasa se deterioran más y más.
Ayer –jueves– se dieron a conocer dos eventos de trascendencia nacional, los cuales sin lugar a dudas nos afectarán en el futuro si se llagaran a concretar; uno, las cámaras empresariales –Cacif– se reúnen en el evento denominado Enade 2017, dicho evento es debatir un plan de avance económico para el país, siendo el tema principal la infraestructura vial del país. Sin ser doctos en el tema, los “empresarios” en contubernio con el Gobierno, en ese evento concluirán con su plan maquiavélico, después de haber desfalcado al Estado con los casos construcción-corrupción y Odebrecht, entre otros tantos, lanzarán el plan para “salvar” la red vial del país, pidiendo al Gobierno la concesión de casi toda la red vial, lo que significa en otras palabras la privatización de las vías de comunicación, o sea, debemos pagar peaje para ir de Quetzaltenango a Totonicapán, de Totonicapán a Huehuetenango, de Quetzaltenango a Retalhuleu, de Retalhuleu a Coatepeque, etc. Negocio redondo para los que siempre han aprovechado en forma ilícita las riquezas de nuestro país.
Dos, como todos sabemos Odebrecht es el responsable de la construcción de la ruta A-2 –Cocales, Suchitepéquez hasta Tecún Umán, San Marcos- 140 Kilómetros a 4 carriles, sin embargo, por las anomalías detectadas en dicha concesión y construcción, esta empresa dejó abandonada la obra y los principales funcionarios de gobierno están siendo procesados, entre ellos Alejandro Sinibaldi, prófugo de la justicia. El caso más doloroso para los ciudadanos radica en que, el ministro de Micivi acepta dar por finalizado prematuramente el contrato y casi libera de responsabilidad a la empresa Odebrecht.
Ahora, el Gobierno debe desembolsar entre 180 a 190 millones de quetzales para “concluir” ese tramo carretero. Según palabras del ministro, la carretera ya no será de cuatro sino de dos, y que después se verá cómo solucionar la ampliación.
Definitivamente será un nuevo caso de corrupción, y es la de nunca acabar. La deuda sigue aumentando, la utilización de esos recursos económicos no se ven por ningún lado, los gastos superfluos –corrupción– se siguen dando, el nivel y calidad de vida del ciudadano de a pie está a años luz de ser realidad.
