Despilfarrando el dinero público
Guatemala es un país en vías de desarrollo, sumido desde hace tiempo en un déficit presupuestario que se arrastra año con año, casi estamos igual que en los años 80 cuando en el Consenso de Washington se decidió que había que poner estrictas medidas porque la deuda externa cada vez era más grande y era impagable para los países latinoamericanos; por eso se instauraron una serie de medidas que en teoría ayudarían para manejar de mejor manera su presupuesto y que a la vez los países pudieran pagar su deuda externa.
El día de ayer fue aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el año 2021. De forma irresponsable el Ministerio de Finanzas presentó un proyecto financiado con deuda pública y el Congreso de la República de Guatemala lo aprobó por Q 99,700 millones; como la recaudación tributaria no será suficiente para recaudar ese monto el presupuesto será financiado con préstamos externos. El problema en Guatemala es que año con año el presupuesto de gastos aumenta, pero no aumentan los ingresos reales, y no se ve el reflejo de lo gastado en mejorar la vida de los ciudadanos.
En vez de aumentar debe analizarse realmente urgente y recortar lo que no es necesario. Existen muchos gastos que están de más, entre ellos se pueden mencionar: la alimentación que la SAAS le compra el ejecutivo, el nuevo edificio para el congreso, el seguro escolar (negocio opaco), la alimentación de los diputados, sobrepago de asesores en las distintas instituciones públicas, no necesitamos la creación de instituciones nuevas, pactos colectivos lesivos, gastos de funcionamiento, entre otros.
El problema más grave es que no se está invirtiendo en salud, seguridad, medicamentos, los hospitales están funcionando en condiciones precarias y desabastecidos, los índices de desnutrición y pobreza siguen igual y no se le da a la USAC el aporte constitucional.
Haciendo un recorte consciente de gastos y una ejecución eficiente, sin sobrevaloraciones podría conseguirse que los ingresos fueran suficientes porque el aumento de la deuda externa a largo plazo puede tener consecuencias graves para la economía del país como, por ejemplo, puede provocar: la caída en la inversión extranjera y la caída en los ingresos, fuga de capitales, caída en el precio de las materias primas exportadas, aumento de la pobreza, y disminución de la democracia.
Aún existen innumerables préstamos que no se han terminado de pagar, incluso algunos del tiempo en que gobernó la UNE ni siquiera se han podido ejecutar debido a una mala ejecución se quedaron detenidos (gastaron en funcionamiento y nada en inversión) y se siguen pagando intereses sobre un capital que no se está utilizando ni se podrá utilizar y ahora se golpea al país con más prestamos innecesarios.
Es hora de pensar realmente a donde están llevando al país, además según la Ley Orgánica del Presupuesto es un delito contratar sin disponibilidad presupuestaria y esto aplica a todo nivel no solo a quienes ejecutan sino desde quienes planifican el presupuesto y más aún a quienes lo aprueban sabiendo que está desfinanciado.
