La Comisión Nacional Contra la Corrupción anunció que ha presentado al menos 17 denuncias por posibles actos y contratos anómalos realizados por la el gobierno anterior en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Ministerio de Cultura y Deportes, y Aeronáutica Civil entre otras.
Estas denuncias se están enfocando únicamente a los titulares o máximas autoridades de las entidades; sin embargo, existe una realidad que no se puede negar y es que, para que se puedan planificar y ejecutar el saqueo a los recursos financieros de las instituciones públicas, es necesaria toda una estructura de corrupción, en caso contrario sería imposible que se pudieran tomar los fondos de las instituciones públicas por cantidades exorbitantes.
Existe todo un marco legal vigente que garantiza y promueve la ejecución transparente de fondos públicos, existe también un control interno en cada institución en donde cada servidor público que interviene en la ejecución del gasto tiene una responsabilidad; además, toda la ejecución presupuestaria es sometida cada año a un proceso de fiscalización en donde se evalúan varios aspectos entre ellos la razonabilidad de las operaciones y el cumplimiento a las normativas aplicables.
No son solo los titulares de las instituciones los que deberían estar denunciados por posibles casos de corrupción, porque para ejecutar fondos públicos se necesita de dictámenes técnicos, jurídicos y financiero; también los expedientes pasan por muchas manos, entre ellos el departamento financiero, jurídico, supervisión de obras, almacén etc. Además, existen instituciones responsables de verificar el flujo de dinero y el destino que este tiene, por ejemplo, las transferencias y movimientos de presupuesto debieron ser verificadas por el Ministerio de Finanzas, el destino del dinero por la Superintendencia de Bancos, empresas que se prestaron al juego y los bancos por los cobros en efectivo; es decir, existe mucha más gente implicada en las contrataciones anómalas.