El Dr. Alejandro Giammattei, tiene entre ceja y ceja a los extorsionistas y mareros. Desde la toma de posesión como presidente de la República, los catalogó como bandas terroristas, sin duda, son eso y mucho más, su promesa de enviar una iniciativa de ley para que dichos grupos criminales, les caiga todo el peso de la ley, ya fue cumplida, es decir, ya envió la iniciativa, ahora está en manos de los diputados. Sin embargo, es preciso abordar el tema con un poco más de propiedad.
El Diccionario de la Lengua Española, define terrorismo así: “Dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.” Como dicen los abogados, lo subrayado y en negrilla es mío.
El objetivo principal de toda persona que está practicando actos de terrorismo, es crear terror, alarma social, a través de la violencia, demostrando así, dominación y obviamente, conseguir su fin: Enriquecimiento ilícito, en poco tiempo, es decir, sin mayor esfuerzo. Desde mi óptica, en Guatemala hay dos tipos o clases de terroristas, los que, por causas sociales y culturales, tuvieron una vida muy complicada desde el seno familiar, incluso algunos de recién nacidos fueron abandonados a su suerte, familias desintegradas, etc.- y fueron recibidos como materia prima de primera calidad por ese submundo donde viven y conviven las maras, clicas, etc., -ahí, también es imprescindible analizar profundamente las causas reales de la formación de ese estrato social-.
Estas personas, delinquen a placer, incluso, ayudados por la propia autoridad policial. Su centro de operaciones son los principales centros carcelarios del país, ayudados por la tecnología que ofrecen las dos principales empresas de telefonía, que por cierto no han “podido” bloquear las señales de celulares. Los especialistas han logrado cuantificar monetariamente el costo de esta actividad delictiva, el cual ronda los 360 a 380 millones de quetzales al año. Las víctimas han sido los pilotos de autobuses, pequeños comerciantes, entre otros.
Los otros terroristas, los de cuello blanco, también infunden terror, por medio de la violencia indiscriminada, crean alarma social y casi todos lo hacen con FINES POLÍTICOS. Diré dos ejemplos, dos casos muy paradigmáticos: Jueves Negro y Viernes de luto y Caso La Línea; ¿me agarró la honda estimado lector? Este estrato social, -los de cuello blanco-, un buen porcentaje son personas de familias “honorables y de apellido de abolengo” quiénes a través de argucias e intimidaciones, contratan a profesionales de nivel medio, incluso profesionales universitarios para cometer sus fechorías. Nadie, estoy seguro de esto, nadie es analfabeta.
El centro de operación de este grupo delincuencial, digamos, está en casi todas las oficinas estatales de los tres organismos del Estado, además, entidades autónomas, semiautónomas, centralizadas y descentralizadas. Por supuesto, con muy, muy rarísimas excepciones.
Dicen los especialistas que, el costo de esta actividad delictiva, equivales a más o menos el 45% del presupuesto general de Ingresos y Egresos de la Nación, es decir, si en el año 2019 el presupuesto aprobado fue de 87 mil 715 millones 64 mil quetzales, los delincuentes se llevaron la astronómica cantidad de 39 mil 471 millones 778 mil quetzales. Las víctimas han sido, las personas de escasos recursos, los más desposeídos, quienes frecuentan los hospitales, centros de salud y escuelas públicas, así mismo, los pequeños y microempresarios que deben enfrentar y/o lidiar con los primeros terroristas: Mareros y extorsionistas.
Así las cosas Sr. Giammattei, entonces, ¿de qué terrorismo estamos hablando?
Contador público y auditor, docente universitario y ex alcalde comunitario.