Desde que se inició la pandemia Covid-19, hemos escuchado que la gente no entiende, no usan mascarilla, no se quedan en casa, no guardan distancia, etc., luego con la fiesta clandestina vimos como un sector económico “educado” omitió las disposiciones presidenciales y se pone en evidencia que el respeto a la ley no depende de la clase social, nivel económico o académico y se desataron fiestas y reuniones en varios lugares del país.
Los acontecimientos de los últimos 5 años han demostrado que muchos funcionarios perdieron el respeto por las leyes incumpliéndolas u omitiéndolas, y al destaparse los casos de corrupción quedó al descubierto el tráfico de influencias que existe especialmente en el sector justicia.
Al estilo de las mejores películas de Cantinflas, el sector político del país no perdió tiempo durante la pandemia y en vez velar por las necesidades de los ciudadanos, como la salud, hospitales en buenas condiciones, medicinas, insumos y salarios para el personal hospitalario, se interesó por darle un golpe de Estado técnico a la Corte de Constitucionalidad utilizando a los magistrados suplentes (con conflicto de interés) para que dieran lugar el trámite de antejuicio en contra de los magistrados titulares. El Congreso de la República de Guatemala de manera ágil y eficiente lo tramitó y en tiempo record conformó una comisión pesquisidora que debía sugerir al pleno si hay motivo o no para retirarles la inmunidad.
Todo esté enredo está lleno de ilegalidades por lo que un amparo dejó en suspenso las actuaciones del Congreso de la República, organismo que en desacato manifestó que no dará marcha atrás, además incumplió con entregar la documentación solicitada por la Corte de Constitucionalidad, ente que certificó lo conducente por no remitir expediente original, para que actúe el Ministerio Público, el verdadero trasfondo e interés es porque el Congreso quiere elegir magistrados a la medida.
Lo anterior no es más que el espejo de la sociedad guatemalteca, ¿cómo vamos a pretender que los ciudadanos respeten las normas? si las altas autoridades de los organismos del Estado violan las leyes, desacatan órdenes de las instituciones competentes, haciendo sucias jugarretas ilegales para encubrir actos de corrupción que se ven a todas luces, ¿con que solvencia se le exigirá a la población que cumpla con lo que le corresponde? ¿Por qué para lo único que son diligentes es para cobrar impuestos?
¿No se puede exigir lo que no se da, y si las autoridades empiezan por irrespetar las normas y a las instituciones, entonces para que tenemos leyes? no pueden ser aplicables a unos ciudadanos y a otros no, se debe predicar con el ejemplo.
Poco a poco la ciudadanía fue perdiendo el respeto por las normas y se instauró una cultura de desobediencia en donde cada quien puede hacer lo que quiera sin consecuencias, en donde se premia al más mafioso y al que hace trampa se le llama chispudo; y, se burlan o se pone en ridículo al honesto o al que vela por los demás, lo malo es que las futuras generaciones encontrarán un país destrozado a causa de sus malos dirigentes que ansiosos de poder velan solo por sus interés y no por el bien común.