Es indudable que la Universidad de San Carlos de Guatemala, actualmente está enfrentando una crisis financiera, porque es un hecho que sus ingresos no se han incrementado con la misma velocidad con que lo ha hecho el presupuesto de gastos, derivado de la creciente población estudiantil, nuevas contrataciones de profesores, trabajadores administrativos y asesores. Siendo las principales fuentes de ingresos el “cinco por ciento” constitucional y los fondos privativos provenientes de las cuotas estudiantiles. Quiere decir entonces, que debe analizarse detenidamente como pueden elevarse esos ingresos, de tal manera que no se incurra en desfinanciamiento del presupuesto de gastos.
Probablemente, con las negociaciones de las autoridades de la Usac con el Congreso de la República y el Ministerio de Finanzas, se logre resolver el problema del desfinanciamiento del presente año, pero, este es un problema que no es la primera vez que ocurre, por lo que para tener una mayor certeza de la disponibilidad de recursos, es imperativo exigir el cumplimiento de la entrega exacta del cinco por ciento del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado, como se establece en el artículo 84 de nuestra Constitución Política. También, es substancial que se exija el incremento del presupuesto de acuerdo al aumento de la población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico, como se establece al final de ese mismo artículo constitucional. Sólo con que se logre cumplir ese mandato constitucional, la Usac lograría mantener sus finanzas sanas por un buen tiempo.
Ya es tiempo de evaluar seriamente la conveniencia de actualizar la cuota estudiantil, porque no es racional que aún se siga manteniendo un pago de Q121.00 al año, para estudiantes de primer ingreso y de Q91.00 anualmente, para estudiantes de reingreso. Es cierto que siempre habrá estudiantes que no podrán pagar las cuotas aunque sean muy bajas, pero, una universidad fortalecida financieramente, puede mejorar su cobertura de becas para ese tipo de estudiantes universitarios de escasos recursos.
Al lograrse que se le entregue el cinco por ciento íntegro y que los estudiantes contribuyan con una cuota mayor acorde a sus posibilidades, la Usac estará en posición de mejorar sus procesos de educación profesional universitaria estatal (principal actividad), la educación superior (aún muy incipiente), difusión de la cultura y la investigación (prácticamente en el abandono), si hay voluntad política por supuesto. Al darle cumplimiento a esas obligaciones que la Constitución Política preceptúa en el artículo 82, la Usac estaría muy cerca de cumplir su fin fundamental, como lo es: “…elevar el nivel espiritual de los habitantes de la república, promoviendo, conservando, difundiendo y trasmitiendo la cultura y el saber científico”, que se encuentra regulado en el artículo 5 de su Estatuto y artículo 2 de su Ley Orgánica. De esa manera, le estaría devolviendo con creces al pueblo de Guatemala, que es su razón de ser, más y mejores resultados a cambio de los impuestos que recibe.
Seguramente, el problema financiero de la Usac se irá resolviendo, pero será importante que demuestre mayor transparencia en el manejo de los recursos, que los optimice resolviendo las necesidades prioritarias y rindiendo cuentas no solamente a los órganos fiscalizadores del Estado, sino a su patrono: el pueblo de Guatemala, para que este sepa con certeza en qué se emplean sus tributos.
No debemos olvidar que la universidad del Estado tiene problemas estructurales, que limitan el desarrollo de varias de sus unidades académicas, como los son por ejemplo, los centros universitarios, escuelas no facultativas e institutos tecnológicos. Entre esos problemas, está la naturaleza antidemocrática y excluyente de la Usac, así como, su administración concentrada y centralizada. ¿Por qué antidemocrática y excluyente? Porque, aun cuando nuestra Constitución política, establece la igualdad de derechos y el derecho a elegir y ser electos, los profesores y estudiantes de los centros universitarios, institutos tecnológicos y escuelas no facultativas son excluidos y discriminados, al no contar con representación en el órgano donde se toman las principales decisiones, como lo es el Consejo Superior Universitario, así como, por estar excluidos de procesos electorales importantes para la Usac, como lo es la elección del rector. Eso quiere decir, que luego de que se resuelva el problema de las finanzas, esa discriminación y exclusión continuará mientras el gobierno de la Usac que corresponde al Consejo Superior Universitario, siga contemplando únicamente como miembros a los decanos, representantes de los catedráticos y estudiantes de las facultades. Ese problema es de jerarquía constitucional, porque el artículo 83 de nuestra Constitución Política establece que el gobierno de la Usac que corresponde al Consejo Superior Universitario, está compuesto por el rector, los decanos de las facultades, representantes de los colegios profesionales, representantes de los catedráticos y estudiantes de las facultades. No es inconstitucional ese sistema de gobierno de la Usac, pero sí claramente anticonstitucional y antidemocrático, porque la misma Constitución guatemalteca en el artículo 82 establece que en la conformación de los órganos de dirección debe observarse el principio de representación de sus catedráticos titulares, graduados y estudiantes. Además, la Ley Orgánica, Estatuto y reglamentos de la Usac, establecen que todos los profesores y estudiantes tienen los mismos derechos y deberes; que la universidad la integran todos los institutos, facultades, centros universitarios, departamentos y dependencias existentes que se establezcan en lo sucesivo. Está claro entonces, que todas las unidades académicas, sus profesores y estudiantes, deberían estar representados en el gobierno de la Usac y ser beneficiarios en igualdad de circunstancias de las decisiones que allí se tomen.
En la actualidad, de cuarenta y dos unidades académicas de la Usac, solamente las diez facultades tienen representación en su gobierno, estando excluidos veintiún centros universitarios, nueve escuelas no facultativas y dos institutos tecnológicos. Aquí están los verdaderos problemas que hay que resolver para que la Usac sea una institución incluyente y democrática.
¿Cómo resolver ese inconveniente? No es sencillo, porque implicaría reformar la Constitución Política, y la Ley Orgánica de la Usac, lo cual resulta delicado y muy riesgoso por la clase de Congreso de la República que se tiene en el país, que es el órganismo al que le correspondería hacer esas reformas. Otra forma, sería en darle la figura de facultades a los centros e institutos tecnológicos e integrar a las escuelas a las facultades más afines a su malla curricular. Una tercera opción, sería analizar si el bloque constitucional contempla las normas y principios, que puedan emplearse como elementos del control de constitucionalidad, que permitan eliminar la anticonstitucionalidad del gobierno de la universidad del Estado. Si hay interés, serán las mejores mentes quienes encuentren la opción viable y factible para esos cambios institucionales.
Hay mucho que analizar de la problemática de nuestra alma mater, lo financiero es solamente una pequeña parte y como ha sucedido antes, se resuelve con negociaciones, pero, esa sombra antidemocrática que evidencia la exclusión y desigualdad para varias unidades académicas, sus profesores y estudiantes, es un problema estructural que deberá resolverse. La Usac debe ser ejemplo de procesos democráticos, de inclusión y de no discriminación, para ser realmente una universidad nacional.
Administrador público, economista, politólogo, abogado y notario, y profesor universitario.