A finales de abril observamos con indignación a un grupo de alcaldes aplaudiendo en el edificio del Congreso de la República a los alcaldes del bloque oficialista por la aprobación del Decreto 4-2021, cuyas normas reforman la Ley de Contrataciones del Estado. De acuerdo con el presidente del legislativo Allan Rodríguez, esta acción es en cumplimiento al pago de un ofrecimiento en campaña. La escena debe ser analizada desde diversas perspectivas, pero además de ser de una profunda preocupación.
En primer lugar se observa que los 82 diputados alineados al gobierno de Giammattei están para servirle a él y no al distrito que los eligió, o sea, poco importa sus electores, lo que interesa es la orden presidencial. No es nada nuevo y extraño, pero ahora se hace con total descaro.
Segundo la forma y los fans de la reforma, un grupo de alcaldes solicitando que las compras sean más fáciles de realizar y menos burocráticas. Comprar a un proveedor local, micro empresario, permitirá mejorar el nivel de desarrollo del municipio, manifestaron los alcaldes. Esto puede ser verdad, pero con los actuales funcionarios públicos, no será así, pues la corrupción es un principio actual para ejercer la administración publica.
El presidente Giammattei presionado por el sector empresarial organizado, se vio obligado a vetar la ley, así también solicito que se hicieran reformas, según la propuesta del gobierno central.
Ahora bien, la preocupación debe ser el fenómeno de la corrupción, como abordarlo, porque está comprobando, que con una ley no será suficiente. En un problema complejo, multidimensional, incrustado en todos los organismos gubernamentales, con muy raras excepciones, en muy pocas oficinas de gobierno se busca cumplir con los principios de eficiencia, transparencia y calidad del gasto público.
En estos momentos la ley permite compras de baja cuantía por valor de Q25 mil, alcaldes, ministros y directores fraccionan las compras para poder hacerlos con un mínimo de requisitos, en los que no se considera la competencia, o la calidad y satisfacción del producto adquirido. En la mayoría de casos estos gastos están relacionados con la compra de papelería, útiles, alimentos, reparaciones menores, equipo de oficia, computadoras, los gastos menores, conocidos como caja chica.
Estas adquisiciones deben cumplir con rigurosidad con los principios citados “eficiencia, transparencia y calidad del gasto”, sea un alcalde, un director de una oficina, o quien tenga esta responsabilidad, debiera buscar calidad del servicio o producto, garantía y mejor precio. Sin embargo vemos con preocupación que estas compras se realizan a empresas amigas de los funcionarios, o bien crean empresas a los familiares para beneficiarlos. Por esta razón si el monto pasa de Q25 mil a Q100 mil, el flujo de fondos sin control será mayor, fácilmente una municipalidad podrá gastar en una fiesta, celebrar una feria, un desayuno o almuerzo por valores de Q100 mil a cada proveedor, por ejemplo, uno con la música, otro con las bebidas, un tercero con el mobiliario y un cuarto con la comida, lo que fácilmente dejaría un gasto de Q400 mil en total.
Poder gastar sin control en cada adquisición Q100 mil, que pretendía la ley, hace complicado el trabajo de la Contraloría General de Cuentas, que de por sí, ya lo es. Con Q25 mil, los auditores se ven en problemas muy serios para realizar el trabajo.
Los distinguidos congresistas pretendieron subir la compra directa de Q90 mil hasta Q200 mil. La compra con cotización de Q900 mil a Q2 millones, y todo esto sin contrato.
La reforma no tiene una revisión técnica, tampoco hubo una consulta a tanques de pensamiento, universidades, cámaras empresariales y sociedad civil, por lo que prácticamente el objetivo era: facilidad para gastar sin control y fiscalización.
Definitivamente la corrupción no podrá controlarse con una ley, mucho menos con un sistema como Guatecompras, Sicoin, Siges, y otros que han sido implementados, porque si así fuera desde que están vigentes los indicadores económicos de corrupción y la percepción de la ciudadanía sobre el problema, hubieran mejorado significativamente. Desde 1992 la ley ha tenido once reformas, y nunca ha existido un análisis a partir de los efectos en la corrupción, como si este fenómeno fuera ajeno al problema. En conclusión la corrupción es un fenómeno cultural que no podrá corregirse con una ley. Lo que la norma jurídica hace es validar los actos de corrupción a todo nivel, sea este público o privado.
Profesor universitario, académico, profesional de las Ciencias Económicas.