Todo cuanto se ha venido y se viene confrontando en Guatemala, invita a reflexionar sobre algunos problemas que se heredaron de las últimas administraciones, los que continúan vigentes y aumentan en la presente administración, y algunos derivados del CORONAVÍRUS que sigue aumentando y enlutando a la sociedad guatemalteca. Desafortunadamente, en poco o nada, ha cambiado la situación en comparación con el gobierno inmediato anterior: esta percepción está respaldada porque, quienes enfrentan situación de pobreza y pobreza extrema, siguen marginados; la corrupción e impunidad, sigue existiendo y el CORONAVÍRUS, viene a empeorar la situación. A ello habrá que agregar los asesinatos, la criminalidad, derivados del narco tráfico y otros males que están presentes en el país sin que veamos, objetivamente, una solución en el corto plazo. Esta es la realidad que estamos confrontando y quienes supongan lo contrario, basta que vean, sin falso pesimismo, el acontecer nacional y lo que, a diario, nos informan los medios de comunicación.
Creo no equivocarme al suponer que, exceptuando los gobiernos de la década de 1944 a 1954 del siglo pasado (recordemos que, a esta década, se le conoce como “Diez años de primavera, en el país de la eterna dictadura”), antes y después de esta fecha, ningún gobierno, incluidos los de golpe de estado, han tomado en serio, combatir la pobreza y pobreza extrema: todos, sin excepción, en campaña electoral, han ofrecido disminuirla y, contrariamente, a lo demagógicamente ofertado, la pobreza y pobreza extrema está presente y según lo vemos frente a la actual crisis, sigue en aumento. Los pobres, al igual que los calificados, por una necedad histórica como indígenas, constituyen la mayoría en la sociedad guatemalteca donde, por una contradicción política, son los menos representados en la estructura del poder y del Estado hasta que, como un legítimo derecho y aspiración, se preparen y organicen para alcanzar su reivindicación económica, política y social.
En cuanto a la corrupción e impunidad pues, desafortunadamente, andamos en las mismas a pesar de que, combatir estos añejos vicios, fue una oferta de campaña de quien hoy ocupa la Presidencia de la República. La falta de información detallada del destino y aplicación de los millonarios fondos de los préstamos, donaciones y otros ingresos, es una obligación gubernamental que, la sociedad, sigue esperando. Son muchos los supuestos desvíos que puede originar el no cumplir con las licitaciones por las compras directas de insumos para combatir la pandemia que se están haciendo, procedimiento que es un potencial para fomentar la corrupción.
Los corruptos que vía la corrupción se han enriquecido en gobiernos anteriores, dejaron una sociedad desconfiada y la desconfianza, seguirá aumentando si el actual gobierno, no demuestra transparencia en la utilización de los recursos que son del pueblo, y no, de quienes gobiernan: aunque aparente ser tautológico, resulta saludable recordar que, los recursos son del pueblo que somos todos y no de alguien en particular. El gobierno los administra; debe administrarlos con honradez, transparencia, e informar a la sociedad cuanto corresponde.
El hecho de que el Presidente respete la autonomía de los tres poderes del Estado, de ninguna manera significa ser indiferente frente a las eventuales arbitrariedades que puedan cometerse en los organismos Legislativos y Judicial. Viene esto por el vergonzoso y escandaloso caso que se está presentando en el judicial donde se pretende resolver un caso convirtiendo en juez y parte, a uno de los dos altos organismos, repito: actuando como juez y parte, algo que, hasta un estudiante de primer año en la carrera de Derecho, consideraría inapropiado. Resulta por demás deleznable que las máximas instancias del Organismo Judicial, en un acto de corrupción químicamente puro, no oculten los vicios e intereses personales que rodean la dificultad de elegir a los máximos representantes de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad; en próxima entrega, trataremos de ampliarnos sobre este tema.
Por si esto fuera poco, para ampliar el ridículo y, según la prensa, recurren al Congreso de la República para que sea este organismo, quien resuelva la controversia y designe a los magistrados. Y algo no menos vergonzoso que es una confesión de la incompetencia de algunos diputados que, sin ocultar su incapacidad, proponen solicitar y consultar (si no es que ya lo hicieron) a la Organización de Estados Americanos, la solución del problema; esto no es, ni más ni menos, que una confesión de ineptitud al pedir a la O.E.A., que los vengan a alfabetizar, en materia legislativa.
Soy un profesional comprometido con la transparencia, la crítica y la propuesta, e identificado con los problemas sociales; los intereses y necesidades de los de a pie. / lufesaldy@hotmail.com