Todas las contrataciones de bienes y servicios que se realizan con fondos públicos deben realizarse en plena observancia con la Ley de Contrataciones del Estado, La Ley Orgánica del Presupuesto, sus respectivos reglamentos y normativa aplicable. Con el cambio de funcionarios se ha informado a la población que existen dudosos contratos en el Ministerio de Comunicaciones y Ministerio de Salud.
Bajo esta perspectiva, según la información publicada por diferentes medios de comunicación se ha dado a conocer a la población que existen obras que fueron canceladas en su totalidad sin que se hayan realizado; obras en donde se han entregado anticipos a las empresas constructoras sin que estas tengan realmente un avance físico; adjudicaciones dudosas, entre otras ilegalidades. Por otro lado, el Ministerio de Salud ha denunciado un contrato opaco en la adquisición de vacunas y dudosos contratos de arrendamiento cobrados con precios exorbitantes.
De lo anterior se deduce que existe duda razonable que haga suponer que la mayoría de las contrataciones son ilegales y no se realizaron velando por el principio de calidad del gasto público en la anterior administración del gobierno central y los gobiernos locales afines.
Por esas razones se hace necesario no quedarse solo con la revisión de las contrataciones en uno o dos ministerios sino en todos, especialmente el Ministerio de Desarrollo Social que por años fue utilizado para compra de votos y fuga de recursos por medio de adquisiciones con costos mayores con eventos de adquisición dirigidos a proveedores específicos, así también se deben realizar los contratos aún vigentes y si estos llenan los principios de calidad y precio.
Además de lo anterior, en la contratación de obras que se realizaron por medio de los gobiernos locales se deben revisar las adjudicaciones y verificar no solo la parte financiera, sino la calidad del gasto y la cadena de quienes participaron en los eventos de adquisiciones.