Es de conocimiento general que el comercio informal, cada vez es más grande y está descontrolado tanto para la municipalidad, la gobernación departamental y para la Superintendencia de Administración Tributaria, y cada vez son más los negocios informales que se instalan en la ciudad sin una adecuada supervisión.
La municipalidad tiene el control de los comerciantes informales porque les cobra piso de plaza, y en el caso de los comerciantes informales grandes y medianos le cobra piso de plaza, o arrendamiento y luz. Les llamo comerciantes informales grandes y medianos, porque también es de conocimiento general que los almacenes y abarroterías grandes son los mismos que colocan sus puestos de trabajo fuera de los mercados pero que manejan grandes capitales sin que éstos sean declarados.
Bajo éste esquema la municipalidad no se ha preocupado de viabilizar una solución al problema que se da con los arrendatarios de los mercados en donde los contratos están a nombre de una persona que da en arrendamiento el local a una tercera persona sin consentimiento de la municipalidad, esta situación es suficiente para dejar sin efecto el contrato, pero la municipalidad no ha querido actuar pese a que existen personas que se han atrevido a dar el arrendamiento espacios públicos en las aceras que están alrededor de los mercados.
Por otro lado, la Superintendencia de Administración Tributaria tiene una limitación pues la Ley del Impuesto al Valor Agregado –IVA- establece entre las exenciones generales, que están exentos del impuesto establecido en la ley: La venta al menudeo de carnes, pescado, mariscos, frutas y verduras frescas, cereales, legumbres y granos básicos a consumidores finales en mercados cantonales y municipales, siempre que tales ventas no excedan de cien quetzales por cada transacción. El problema de fondo es que en los mercados se han instalado una serie de comercios de toda naturaleza, que no venden solo al menudeo sino por mayoreo en el caso de las abarroterías, ventas de ropa, trastos, zapatos, y comida para animales entre otras que ni siquiera están inscritos para tributar.
En ese sentido la SAT se ha quedado corta porque realiza operativos presenciales aislados, y lógicamente éstos comercios cuando tienen la presencia fiscal si facturan, pero en el día a día dejan de facturar y no se ha tenido la capacidad para crear estrategias de fiscalización que permitan que se regularice ésta actividad comercial, muchos de esos grandes negocios venden productos de contrabando.
El problema del comercio informal con productos de contrabando es más grave cuando se trata de medicinas o comida ya que también éste tipo de productos escapa al control del Ministerio de Salud que debería de realizar un monitoreo constante para establecer la procedencia de la mercadería, y si cuentan o no con registro sanitario, si están vencidos y si tienen las condiciones de almacenamiento para su conservación. Ante ésta problemática podría haber grandes avances si todas las instituciones reguladoras y encargadas del control del comercio informal coordinaran y organizaran sus esfuerzos para no realizarlos de manera aislada sino en conjunto e impactar positivamente en la población.