Es indignante la forma en que actuaron los veteranos de guerra el día de ayer para exigir un resarcimiento por “los servicios prestados a la patria” como si se tratara de algo heroico, pidiendo ciento veinte mil quetzales por cada uno o para sus familias, es inaudito que en un país con tantos problemas financieros, donde el presupuesto público no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de la población como salud, seguridad y educación se esté pensando en desperdiciar tantos millones de quetzales por un pago ilegal.
En torno a los disturbios del día de ayer quedan en el ambiente varias dudas, una de ellas es ¿por qué no hubieron detenidos si estaban en flagrancia?, ¿por qué el alcalde Quiñonez no actúo tan rápido con la destrucción del edificio del Congreso de la República como con la estatua de José María Reina?
Huela a complicidad porque desde la semana pasada que los supuestos veteranos (pero que son jóvenes) estuvieron bloqueando carreteras no se manifestaron las cámaras empresariales ni les importó la economía, entre otras cosas que les afectan cuando son manifestaciones de organizaciones campesinas.
Es bastante extraño que la PNC no actuara como cuando se enfrentó a la sociedad civil en verdaderas manifestaciones pacíficas, es más ahora hasta se retiraron para facilitar el paso de los manifestantes que llegaron hasta oficinas y se dieron el lujo de quemar vehículos.
Por otro lado, es inconstitucional otorgar un bono de guerra por los servicios prestados a los veteranos militares que tuvieron a bien desaparecer aldeas, masacrar campesinos y ser los responsables de dejar miles de huérfanos y viudas como saldo, según el informe REMHI.
Al aprobar la ley que permite el pago del bono de guerra, se viola el derecho de igualdad respecto a los demás servidores públicos que también han prestado servicios a la patria como por ejemplo, los médicos y personal hospitalario que trabaja en el sector salud, los abogados que trabajan en el Organismo Judicial, PGN, Instituto de la Defensa Pública Penal, los auditores que han trabajado en la SAT, Contraloría, y otras dependencias del Estado, los maestros que han trabajado en el Ministerio de Educación y Universidades, en fin todo empleado público que ha servido a Guatemala.
Tampoco puede pagarse de manera retroactiva porque la paz se firmó en 1996, y en ninguno de los acuerdos se contempló el pago de dicho resarcimiento y menos si han ya fallecido porque se extinguió la posibilidad de algún reclamo. El código de trabajo establece como plazo dos años a partir de finalizada la relación laboral para que se entable cualquier reclamación por parte del trabajador, razón por la cual ya no existe materia para una demanda o exigencia. Con las acciones de ayer, queda demostrado que quienes están detrás de estos grupos de exmilitares están seguros de actuar de manera ilegal y delincuencial porque quieren desestabilización y división en Guatemala, obviamente obtendrán una coima por el trámite y pago del bono.