En nuestra entrega de la semana pasada, ofrecimos ampliar nuestra reflexión sobre el tema que hoy abordamos. Lo hacemos, a reserva de que, al ser publicada el problema, a pesar de las contradicciones y presumibles vicios que lo han rodeado, se haya resuelto y lo cual, de ninguna manera, invalida los señalamientos que comentaristas y medios de comunicación han hecho sobre las vergonzosas acciones asumidas por todas aquellas instancias que rodean o han rodeado, en lo jurídico y político, la solución del caso. Y sobre el caso, debo adelantar algo que tengo la obligación de aclarar.
Como no soy abogado, por ética, recurrí a un profesional que considero uno de los profesionales más capaces en el ejercicio del Derecho, y su profesión. He optado por ello, para no caer en el pecado en que caen muchos al abusar abordando temas, talvez con sana intención, pero con escaso o nulo conocimiento sobre el o los temas abordados. Hecha esta observación y, con la orientación del abogado en referencia, comparto con nuestros amables lectores, la reflexión sobre el tema en cuestión.
Varios son los artículos constitucionales y leyes complementarias que regulan, tanto lo relativo a las Comisiones de Postulación para optar al cargo de Magistrado, como todo cuanto se relaciona con los requisitos mínimos, capacidad e idoneidad de los aspirantes. Los principales, son, el Artículo 28 de la Constitución que regula la FUNCIÓN ESENCIAL DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD; la LEY DE AMPARO, EXHIBICIÓN PERSONAL Y DE CONSTITUCIONALIDAD; la LEY EN MATERIA DE ANTEJUICIO y otras complementarias a que remite la aplicación e interpretación jurídica, según el caso.
Es aquí, donde surge la justificación, respaldo y razonamientos invocados, o sea lo que se interpreta como el QUID PROCUO (término que tuvieron que explicarme), y es donde encontramos parte de las contradicciones que rodean el accionar de quienes intervienen en la propuesta y designación de los magistrados que habrán de sustituir a quienes actualmente ocupan los cargos y lo cual, ha venido posponiéndose, precisamente, por las contradicciones e irregularidades que, insistentemente, se vienen señalando por parte de quienes han venido abordando el caso.
Son muchas las irregularidades que, por distintos medios, se vienen señalando y esto es, precisamente, lo que ha motivado que los magistrados que ocupan el cargo, no obstante estar vencido el plazo para el que fueron designados, no puedan ser relevados. El ya “famoso antejuicio” contra cuatro de los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es parte fundamental del problema y la forma en que se plantea el amparo por parte de los señalados. Por ley, los Magistrados de la Corte, son inamovibles; no podrán ser suspendidos, solo por causas que la misma ley establece.
El problema radica en que, quienes presentan el amparo, son parte de la instancia que habrá de resolverlo, lo que los convierte en juez y parte; esto conduce a recurrir al Congreso donde algunos diputados, carentes de capacidad para conocer el caso, optan por recurrir a la Organización de Estados Americanos, en demanda de auxilio: triste realidad, pero, al fin de cuentas, una realidad de la que los únicos responsables, son quienes llegan al cargo sin entender que, para llegar alcanzar el lugar que inmerecidamente ocupan, deben prepararse para no hacer el ridículo y triste papel que ilustra el caso que se viene comentando.
Es mucho lo que se podría comentar sobre el caso y todo, desafortunadamente, conduce a que, tanto en el ejecutivo, como en el legislativo y el organismo judicial, al igual que en administraciones pasadas, como en la actual, se vienen presentando casos de desviación e intereses personales, actos de corrupción disfrazados de legalidad, que explican, hasta la saciedad, la desconfianza de la sociedad, en el que hacer de no pocas actuaciones de quienes ejercen el cargo, en la cúpula de los tres poderes del Estado.
En respaldo a esta apreciación, concluimos con dos párrafos que compartimos plenamente tomados del comentario de Haroldo Shetemul, según su artículo A CONTRALUZ, denominado LA CAPTURA DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO, aparecido en “Prensa Libre”, página 21 del 10 de Julio en Curso: 1). “La mayor parte de la partidocracia y la cúpula del sector privado se han confabulado para apoderarse de la justicia y acallar las instituciones de contrapeso que aún existen y 2), “Para ello no han dudado en poner a la justicia hincada ante el diputado Felipe Alejos y el empresario Gustavo Alejos, lo cual tendrá graves consecuencias para el país”. Así están las cosas y así continuarán, en tanto el pueblo lo permita. AL TIEMPO.
Soy un profesional comprometido con la transparencia, la crítica y la propuesta, e identificado con los problemas sociales; los intereses y necesidades de los de a pie. / lufesaldy@hotmail.com