La población económicamente activa es de 6.7 millones de guatemaltecos».
Entendemos como economía informal al conjunto de actividades económicas que son desarrolladas por establecimientos comerciales e individuos que no cumplen con la normativa vigente relacionada a procedimientos de inscripción y tributación.
La economía informal no debe entenderse como economía ilegal, porque la ilegalidad se da cuando los bienes y servicios que se prestan están prohibidos por la ley. Por lo tanto, la economía informal es aquella que, a pesar de carecer de los requisitos de inscripción y tributación correspondientes, produce bienes y presta servicios admitidos por la legislación, en este caso, la guatemalteca. Por supuesto que no cumplir con los requisitos antes indicados traerá las sanciones a los responsables cuando sean detectados.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 1-2017) realizada por el Instituto Nacional de Estadística, se estima que la población económicamente activa en nuestro país es de 6.7 millones de guatemaltecos, y de esta cantidad, más de 4 millones y medio laboran en la economía informal, principalmente en el área rural.
Sin duda, la informalidad tiene varias causas, entre ellas: (a) La debilidad del estado para supervisar, (b) La incapacidad de los territorios para atraer inversiones generadoras de empleo, que consecuentemente obliga a los guatemaltecos a emprender por necesidad mientras encuentra un empleo que satisfaga sus necesidades básicas, (c) Tramitología excesiva y altos costos para procedimientos de inscripción, y sobre todo, el costo de permanecer en la formalidad; entre otras causas.
El Estado debe actuar
Recordemos que muchos, la gran mayoría de guatemaltecos que operan en la economía informal, son personas trabajadoras, con sueños y responsabilidades familiares, que laboran más de las ocho horas reglamentarias —como decimos, hasta que el cuerpo aguante— y que con el sudor de la frente ganan cada quetzal.
Por lo anterior, el Estado debe procurar la disminución de la economía informal, no solo con la imparcialidad de la ley, sino que invirtiendo en los territorios para que estos cuenten con los requerimientos básicos que son necesarios para fortalecer al talento humano y para la atracción de inversiones sostenibles generadoras de empleo. Mientras no haya más inversiones no habrá más empleo.
Reducir la tasa de informalidad —70.20 % de las personas que laboran— implica que el Estado genere motivantes para la formalización, a fin de brindar beneficios, tales como: reducción del crimen, certeza jurídica para que el emprendedor tenga confianza en el sistema judicial y en el cumplimiento de contratos, acceso a créditos con tasas de interés competitivas, y la posibilidad de ampliar la actividad comercial a mercados nacionales y extranjeros.
El costo de la informalidad
Las empresas e individuos que operan en la economía informal, aparte de perder la oportunidad de obtener los beneficios indicados en el párrafo anterior, también ven reducidas sus posiblidades de crecimiento y están sujetos a pagar sobornos para “no ser descubiertos” y mantenerse en la economía subterránea.
Asimismo, el país pierde ingresos tributarios y también, en alguna medida, incrementa sus costos al brindar ciertos servicios que son utilizados por la informalidad. Por el lado de los colaboradores/trabajadores, se ven sujetos a jornadas extensas de trabajo, no son cubiertos por el seguro social, ganan menos del salario legal y no perciben las remuneraciones que en ley corresponden.
Sin duda, Guatemala y los demás países de Latinoamérica tenemos un reto grande para reducir la informalidad. Debemos generar políticas que promuevan el emprendimiento por oportunidad, que aumenten el empleo y que consecuentemente reduzcan la informalidad.
Recordemos que la informalidad está ligada con el subdesarrollo, y de este tema ningún país de Latinoamérica se escapa; sin embargo, algunos tienen mejor control.
Mil gracias por su lectura y comentarios, hasta una próxima oportunidad.
Contador público y auditor, profesor universitario, consultor empresarial y voluntario en desarrollo económico local y competitividad.