Estamos a dos días de finalizar el 2017. Y es el momento para evaluar las metas y objetivos alcanzados en lo individual, en el gobierno local y nacional. Cada uno responderá sobre los resultados alcanzados este año que se va, la suma de todos esos esfuerzos hace que tengamos un país próspero, sin embargo, existe un esfuerzo del gobierno local y nacional por destruir todo lo que individualmente se hace, como si la meta fuera hacer de Guatemala un país sin oportunidades, desigual y pobre.
En lo local, desde mi óptica, califico al actual gobierno municipal (alcalde y Concejo en su conjunto) con una nota de uno, en la escala de 0 a 10. Este año 2017, lejos de resolver los problemas, la situación se agudizó en todas las áreas.
La energía eléctrica pasa por el peor de los momentos, cortes, alza de precios, atrasos en el cobro, e incertidumbre con la deuda al INDE son algunos resultados negativos.
El trasporte urbano es el peor del país, en verdad da pena subirse a un microbús, repleto de ciudadanos, sin control, precios alterados, buses en mal estado, lo peor es que este tema nunca ha sido prioridad para las autoridades actuales.
La basura sigue siendo un tema sin solución, no hay planes para resolver la contaminación que se produce, la única acción tomada ha sido una campaña en la que se dice que es el ciudadano el responsable, y claro es parte, pero si la solución fuera del ciudadano, de qué sirven el alcalde y el Concejo.
Las calles destruidas, aun y cuando cada conductor paga impuestos para el mantenimiento de estas, y el Ministerio de Finanzas ha trasladado puntualmente los fondos a la municipalidad.
Los anteriores son solo unos pocos ejemplos de la enorme problemática que vive nuestro municipio, al grado de querer cobrar por correr en las calles de la ciudad. ¡Qué visión la del gobierno local!
En lo nacional ni se diga, la corrupción, y su máximo representante el presidente Jimmy Morales, no para de tomar decisiones equivocadas, cuyos efectos para Guatemala pueden ser desastrosos.
La intención de expulsar al comisionado Iván Velásquez, el ataque a la fiscal Telma Aldana, el divorcio con el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, las leyes procorrupción o pacto de corruptos en el Congreso, son apenas pocos actos de muchos que se dieron este año, y que definen el futuro de Guatemala.
La sumisión del Gobierno guatemalteco a las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump, dejan claro el interés de un apoyo puntual, en esa lucha a costa de lo que sea a favor de los corruptos guatemaltecos. La decisión de Jimmy Morales de trasladar la embajada guatemalteca a Jerusalén traerá consecuencias irreparables para el país, pero esto poco importa, si a cambio se logra libertad para elegir al fiscal general que dirigirá el Ministerio Público a partir del 2018, hasta el 2022, y expulsar al comisionado de la Cicig.
El apoyo de la Iglesia evangélica a las decisiones del presidente guatemalteco hace que la preocupación suba a su máxima expresión, en virtud de que surge la pregunta: ¿Qué espera la alianza evangélica a cambio del apoyo?, o bien ¿Que oculta una organización tan grande en recursos, capaz subirse al barco de la corrupción?
Con todo lo anterior, no puedo dejar de preocuparme por el futuro de los más de 16 millones de guatemaltecos, quienes en su mayoría se levantan temprano para mover los engranajes de la máquina llamada Guatemala.
Nos espera un año difícil, por lo que deseo a todos los involucrados en los procesos que se vienen mucha madurez, y responsabilidad en sus actos. Se elegirá fiscal del MP, contralor general de cuentas, rector de la Universidad de San Carlos. Estos tres actores son relevantes en el desarrollo que deseamos todos, por lo que cada uno de nosotros debemos fiscalizar los procesos y denunciar las acciones que pretendan beneficiar a un sector, a costa de la gran mayoría de la población.
Profesor universitario, académico, profesional de las Ciencias Económicas.