Este 20 de septiembre ya es histórico, porque a lo largo y ancho de Guatemala se levantaron cientos de miles de voces que rechazaron la corrupción y demandaron una transformación profunda de las estructuras políticas corruptas y obsoletas. En Xela, unos 20 mil ciudadanos exigieron lo mismo: cambios, pero también le pusieron nombre a los causantes de la debacle, al repudiar airadamente a los diputados al Congreso de la República y al presidente Jimmy Morales.
Los quetzaltecos demandan lo mismo que el resto de sus compatriotas: que los diputados renuncien o que pierdan su derecho de antejuicio, para enfrentar cargos penales claramente identificados, y que el 20 de septiembre mismo originó la primera demanda judicial, que todos esperamos que prospere.
La gente ya despertó. Quienes no lo quieren ver son los funcionarios inmorales que se aferran a sus cargos. Si es un acierto aquel aforismo que dice que “la voz del pueblo, es la voz de Dios”, ellos deberían escuchar a los ciudadanos, atender sus demandas y abandonar los cargos públicos por las buenas, pues de otra manera ellos mismos alientan a que los guatemaltecos se vean obligados a tomar otras acciones para sanear el Estado.
Obviamente, el conocimiento de las ambiciones personales y la baja catadura moral de esos malos funcionarios, permiten anticipar que no se van a ir por las buenas, y entonces solo queda, por la vía civilizada, un camino: el antejuicio. Los ciudadanos en general -jóvenes, universitarios, adolescentes, trabajadores, profesionales, mujeres y hombres- ya cumplieron con lo que les corresponde: expresarse y exigir. Ahora sigue lo que manda el sentido común: accionar conforme la legislación vigente.
En el caso del presidente Morales, mañana es un día clave para su futuro político, porque están convocados los diputados para que analicen y voten nuevamente para retirarle o no el derecho de antejuicio. Ya una vez dijeron que no, con lo cual lo protegieron como parte de un claro pacto de impunidad. Y como si aquella perversión no hubiese sido suficiente, luego trastocaron el Código Penal para reducir las penas por delitos electorales e incurrir en una cadena más de increíbles despropósitos.
Si le retiran ese derecho a Jimmy Morales, la brasa pasa a manos de la Corte Suprema de Justicia, y ahí podría suceder que en pocas horas el mandatario sea un ciudadano común a quien se pueda perseguir penalmente. Podría renunciar y someterse a la justicia. Si no se actúa rápido, nuestra hipótesis es que puede irse de Guatemala y alegar persecución política, para que algún país, de esos que se han convertido en refugio de maleantes, le conceda asilo político.
En el caso de los diputados, el asunto parece ser más complejo, porque no creemos que se vayan a ir así por así. Tendría que haber una exigencia ciudadana más fuerte, acompañada de denuncias penales, como ya han comenzado. Tales denuncias deben ir encaminadas hacia los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, porque con las reformas que introdujeron al Código Penal pretendían beneficiarse ellos mismos y extender aún más el manto de impunidad que cubre la corrupción en Guatemala.
Otro embrollo absolutamente inconveniente para el país, y además indeseable para la ciudadanía, es que estos renuncien y sean sustituidos por sus suplentes, puesto que son individuos de la misma calaña de inmoralidad. Por esa razón, personas ilustradas en materia constitucional consideran que el camino más adecuado es que se busque un mecanismo que permita acortar el periodo de esta legislatura y llamar a una Asamblea Nacional Constituyente que introduzca las reformas que amerita la propia Carta Magna y otras leyes de jerarquía constitucional, y que permitan comenzar la eliminación de la podredumbre estatal. Es indudable que, si tales cambios son los que se anhelan y necesitan, la ciudadanía se volcaría entusiasta en una Consulta Popular, para aprobarlas.
La ebullición política se agiganta y complica con el paso del tiempo, y es conveniente que quienes tienen en sus manos las prerrogativas institucionales al respecto, trabajen de inmediato para desactivar esa caldera que, de estallar, sumiría aún más al país en el caos, la insatisfacción, la parálisis y la ingobernabilidad. Este es un momento crucial para salvar a la Patria. La otra opción, propia de irresponsables, sería la inacción y la indiferencia, para propiciar que se hunda. Pero de esto, a la insurrección, solo hay un paso, y muy pequeño.