El sistema y la sociedad deben prevenir la comisión de delitos, para no tener que castigar después de que ya han sucedido y dejado consecuencias».
Esta semana ha ocurrido una serie de acontecimientos sobre los cuales es necesario hablar. Primero, los casos que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala han dado a conocer dejan ya dos expresidentes presos, electos de forma constitucional en los últimos 10 años, y decenas de funcionarios, exfuncionarios, empleados y ex empleados públicos relacionados con hechos ilícitos.
Ya con anterioridad, en 2011, Alfonso Portillo, presidente de la República del 2000 al 2004, fue enviado a prisión y enfrentó a la justicia por un caso de sustracción de Q 120 millones del Ministerio de la Defensa Nacional.
Sin embargo, las crecientes capturas de los últimos años, como parte de la lucha contra la corrupción, han generado un pulso de poderes por el establecimiento de una nueva clase política, que algunos sectores no han permitido al mantener su cuota en los tres poderes del Estado.
Otro punto de análisis resulta del caso Transurbano, en el que ha quedado demostrado que, así como puede existir un enriquecimiento ilícito evidente, hay quienes no figuran, pero han generado, de manera indebida, grandes ganancias con negocios, en el ámbito público o privado, y se mantienen al margen de la opinión pública, tal como los representantes de las empresas agremiadas en la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, ahora declarados prófugos.
Un tercer asunto de análisis es la serie de hechos de violencia ocurridos en los últimos días en el departamento, principalmente en los municipios costeros, un piloto, un hombre asesinado en una vivienda abandonada, un policía y dos hermanos que viajaban en un bus, son algunas de las víctimas de esta semana, lo que aumenta la exigencia de la población a las autoridades correspondientes de prevenir estos actos contra la vida, porque la inseguridad ha convertido a esas localidades en zona de riesgo para quienes ahí viven como para quienes las visitan.
La elección del próximo fiscal general del Ministerio Público, para lo cual ya existen 39 aspirantes, tiene una relación directa con los puntos descritos, y con los avances que se puedan tener en la investigación y persecución penal de los diferentes delitos que se deben prevenir, pero continúan ocurriendo.