Hace falta investigación, porque el sentido común sugiere que los principales beneficiados con las extorsiones no son necesariamente pandilleros».
Dentro de las distintas formas en que se manifiesta la criminalidad, una de las más viles y condenables es la de arrebatarles a otros su patrimonio, porque, en los casos en que es bien habido, han sacrificado a veces toda una vida en su afán de procurarlo. Y es aún más agravante cuando los delincuentes usan sistemáticamente el miedo para generarse dinero sin esfuerzo alguno, pero el extremo es que, a través de otros, atenten contra la vida de sus semejantes con el fin de obtenerlo, y que consumen el hecho cegados por su ambición.
Las extorsiones han rebasado los límites imaginables, exigirle a cada docente de una escuela Q 90,000 es un absurdo, sobre todo si se tiene en cuenta que es una de las labores más nobles que existe. Esto, y el paro magisterial, que en la mayoría de casos está basado también en una serie de coacciones de su dirigencia, frenan el acceso a uno de los derechos humanos.
Sin embargo, sigue siendo el servicio de transporte el más afectado por estos hechos. En la 7ª. calle, entre 23 y 24 avenida de la zona 3 de Xela fueron atacados un piloto y su ayudante; al día siguiente, otro atentado fue perpetrado en un bus de otra empresa con la misma ruta (Retalhuleu a Quetzaltenango), en el kilómetro 223, y ocho días después, fue asesinado el piloto de otra unidad de la misma línea que el segundo ataque en el kilómetro 221.
A pesar de los cientos de capturas que han realizado por este delito el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, las intimidaciones continúan, lo que plantea el cuestionamiento de cuántas personas en el país se dedican a extorsionar. El problema es que, ante la falta de control, se extiende y se reproduce, al punto que parece ser que es más fácil para un delincuente iniciar su “propio negocio criminal”, que para un ciudadano común abrir un negocio legal; esto, además del temor a denunciar, la incapacidad y temor de las autoridades, las limitantes de las fuerzas de seguridad, hace más compleja la lucha contra las extorsiones.
Está claro que no se le puede confiar la seguridad de un departamento a funcionarios que han llegado al cargo políticamente; es aquí donde radica la importancia del control y seguimiento de los procesos de selección, porque el actual gobernador departamental, Juan Climaco Rosales, fue incluido en la terna que sociedad civil propuso inicialmente al presidente Jimmy Morales; es entonces esa sociedad civil organizada la primera que debe exigirle resultados en su función. Porque, en todo caso, si carece de las competencias necesarias para el ejercicio del cargo, debería ser separado del mismo; o al menos, trabajar junto con sus asesores, que para eso están contratados.