¿Qué esperar de una sociedad que mata periodistas?

Los últimos acontecimientos acaecidos en el departamento vuelven a poner la atención sobre la violencia, los crímenes y el uso de las armas».

Este sábado, cientos de personas, entre colegas, familiares y amigos acompañarán los cuerpos de los periodistas Laurenth Castillo y Luis de León, asesinados en Suchitepéquez; los detalles, por demás aborrecibles, ya han sido contados en las crónicas periodísticas, pero aún no existe información que aclare el caso.

En un hecho como este, y otros que se mencionan a continuación, sobran los descalificativos, y además plantea una interrogante sobre cómo un ser humano puede cometer actos tan viles, como en el caso del asesinato de María Chojolán Yac, perpetrado en el barrio El Calvario de Quetzaltenango.

Irresponsable sería adelantar señalamientos sobre ataques contra la prensa, pero tampoco es posible dejar fuera de la investigación la profesión que ejercían los dos jóvenes comunicadores, en un país donde el periodismo se desarrolla sin que existan aún las garantías necesarias para que se hable de una verdadera libertad de prensa, tema que no es nuevo, y en el que apenas han existido propuestas, que solo han servido para disuadir, como el intrascendente Programa de protección a periodistas promovido luego del compromiso adquirido por el Estado de Guatemala en Ginebra, Suiza (2012).

Sobre el uso de las armas de fuego, la falta de control, el tráfico, la facilidad para crear o acceder a las mismas y la cantidad en circulación generan, en sentido figurativo, una bomba de tiempo, personas que llegan a recurrir a la violencia con estos artefactos y una cantidad, indeterminada hasta ahora, de sicarios que venden su vida y se la quitan a otros.

La que hasta ahora había sido, en comparación con su antecesora, una tranquila gestión del gobernador departamental Juan Climaco Rosales, en esta semana ha sacado a relucir su inexperiencia y el desconocimiento que tiene de su función, que ejerce solo por los azares políticos, tal es así, que no sería extraño que en los próximos comicios opte a un cargo de elección popular.

Si la prevención y la seguridad le corresponden a la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público debe atender su función, la investigación y la promoción de la persecución penal, porque, así como se persiguen los actos de corrupción que defraudan el erario y a la población, se debe hacer con los hechos criminales que enlutan familias y acaban con vidas profesionales y prometedoras.

Como referencia final, Guatemala ha sido calificado en el lugar 96 de 113 países evaluados respecto al índice de estado de derecho, que lleva a cabo la organización World Justice Project, y es uno de los cuatro países peor calificados de la región, algo poco esperanzador y que llama la atención sobre el escaso avance en materia de justicia, orden y seguridad, derechos fundamentales y la ausencia de corrupción, como principales indicadores.