En la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Quetzaltenango se diligencia un proceso judicial en contra del juez Alberto Calmo, titular del Juzgado de Primera Instancia penal del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, cuyo denunciante es el Obispo de la Diócesis de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, que lo señala de haber retardado un juicio sumario de desocupación promovido por la iglesia católica en contra de comerciantes aglutinados como «Asociación de comerciantes del antiguo mercado municipal 1» quienes han invadido un inmueble ubicado en el municipio de San Pedro Soloma que, según la denuncia, es propiedad de la iglesia.
Luis Felipe García, abogado del denunciante, explica que decidieron plantear el antejuicio contra el juzgador ante la Corte Suprema de Justicia porque retardó el proceso durante más de un año y la Corte ha resuelto nombrar a un magistrado de la Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango como juez pesquisidor ante el cual se presentaron esta semana para ratificar la denuncia porque será el quien deberá resolver si le retira o no la inmunidad.
De acuerdo con García, ante la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Civil de Huehuetenango plantearon una recusación en contra del juez por considerar que tenía interés en el proceso y los magistrados resolvieron con lugar la recusación y nombraron a otro juez para conocer el caso.
«Lo que buscamos es que se marque un precedente en el país para que no se vuelvan a registrar más casos de abusos de jueces. Desde que llegué a Huehuetenango busqué reunirme con las autoridades municipales para que en el inmueble se construyera un mercado municipal subterráneo y encima un parque para la población porque en San Pedro Soloma no hay lugares donde las familias puedan recrearse libremente, sin embargo, no hubo apoyo de la comuna y apertura por parte de los comerciantes, por lo cual nos vimos en la obligación de iniciar el proceso de desocupación. Si recuperamos el lugar lo que queremos es que sea construido parque para toda la población», expresó Ramazzini.