Luego de que la Dirección General de Aeronaútica Civil (DGAC) dieran por finalizado el convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio Público que dio vida a la Agencia Fiscal Especial en el Aeropuerto Internacional La Aurora, la fiscal general, María Consuelo Porras, señaló que se tomarán las acciones legales necesarias para evitar el menoscabo y obstrucción a la justicia.
A través de un comunicado, Porras lamento la decisión unilateral y apresurada de la DGAC, y agregó que «dicha decisión supone un retroceso de los esfuerzos interinstitucionales emprendidos para la persecución penal estratégica de delitos relacionados con tráfico de personas, trata de personas, lavado de dinero u otros activos, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, defraudación y contrabando aduanero, entre otros ilícitos propios de la delincuencia organizada y transanacional”.
Las acciones de la DGAC fueron anunciadas ayer, luego de los hechos registrados el fin de semana, cuando el Ministerio Público actuó para que se permitiera el ingreso al país del investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Yilen Osorio.
«Es preocupante que la DGAC esté poniendo en riesgo la seguridad en el Aeropuerto por decisiones unilaterales. Sin fiscales del Ministerio Público será más fácil la comisión de hechos delictivos como tráfico de personas, drogas y armas», refirió Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos.
La institución del procurador planteó una exhibición personal en favor de los fiscales Mike Ordóñez Puac, Marco Flores Solís y Esther Barrios de esa agencia especial en el Aeropuerto.