Una estructura criminal organizada, integrada por funcionarios municipales (ex alcalde Jorge Barrientos, ex miembros del Concejo municipal y el ex jefe de la oficina de planeación de Xela), empresarios y otros particulares, quienes actuaban de forma planificada para que se otorgaran de manera fraudulenta al menos 122 contratos municipales a cambio de grandes sumas de dinero, las cuales llegaban al 40% del valor del contrato, fueron evidenciada tras una investigación conjunta entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público Fiscalía y la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en Quetzaltenango.
Estas investigaciones llevaron este día a una serie de operativos entre la FECI, la Cicig y la Policía Nacional Civil, donde se ejecutaron 48 órdenes de allanamiento, 22 órdenes de captura y 10 citaciones solicitadas por el Juzgado de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes.
Los detenidos hasta el momento han sido identificados de esta manera:
1. Jorge Rolando “Mito” Barrientos Pellecer, exalcalde.
2. Rossana Schoenfeld Gramajo de Barrientos, esposa de Mito Barrientos.
3. Maximiliano Ingemar De León Argueta, exconcejal.
4. Carlos Daniel Illescas López, exsíndico.
5. María Elisa López Ixtabalán, exgobernadora de Quetzaltenango y exdiputada al Parlacen.
6. Carlos Roberto Pereira Gálvez, exsíndico.
7. Willy Rolando Vásquez De León, empresario de la construcción.
8. Carmen María Barrientos Salguero, hija de Mito Barrientos.
9. René Arturo Morales Rosal, yerno de Mito Barrientos.
10. Ana Gabriela Barrientos Salguero, hija de Mito Barrientos.
11. Julio César Saj Güinac, empresario.
12. Luis Alberto Menchú Maldonado, empresario.
13. Mario César Pacay García, exfuncionario municipal.
14. Vivian Carolina Jacobs Rodríguez, allegada a Barrientos y exjefa de Comunicación y de la Oficina de Información Pública.
15. Celso Sarceño González, empresario.
16. Werner Gudiel Domínguez Sánchez, empresario.
Entre los delitos que se les sindica están: asociación ilícita, fraude, cohecho pasivo, cohecho activo, lavado de dinero y otros activos, asociación ilícita, malversación y abuso de autoridad.
La investigación
En el 2004, Jorge Rolando Barrientos Pellecer ganó las elecciones como alcalde de la Municipalidad de Quetzaltenango y fue reelecto por los períodos 2008-2012 y 2012-2016. Para llevar a cabo los supuestos actos de corrupción en el manejo de obra pública, Barrientos Pellecer desarrolló una estrategia que implicó la generación de una estructura conformada por distintos concejales y síndicos, así como personas particulares, quienes pertenecían a su círculo más cercano. Este grupo era referido por distintas fuentes como «el grupo de amigos del alcalde».
Los funcionarios integrantes de dicha estructura ocupaban puestos estratégicos en comisiones clave o de interés como la Comisión de Infraestructura; Comisión de Empresa Municipal de Agua; Comisión de Recepción de Obras; Comisión de Electrificación y Comisión de Finanzas entre otras, ocupando algunos de ellos, las presidencias de dichas instancias. En estas delegaciones se aseguraba que ciertos empresarios -con los que previamente se habían acordado sobornos- fueran los beneficiados con los contratos municipales.
El constructor Palomo Leppe, principal adjudicatario de las obras, ocultaba su participación en las ofertas de obra pública a través de 12 empresas (dos creadas por él mediante otras personas, y 10 que respondían a otras constructoras), las que participaban como licitadores aparentes, y que prestaban su documentación en las licitaciones a cambio de un 10% del valor del contrato.
La ejecución de la obra era realizada por el constructor Palomo Leppe, mientras los supuestos adjudicatarios les trasladaban el 90% del valor de la misma a través de cheques a sus trabajadores o proveedores.
A su vez, los funcionarios municipales se repartían entre un 20 y un 30% de la obra. Como mediadores entre la estructura y el constructor se encontraba uno de los concejales, Carlos Daniel Illescas López, y la exgobernadora de Quetzaltenango, madre del concejal, María Elisa López Ixtabalán. El dinero se entregaba a los funcionarios en efectivo, a través de pagos de deudas, entregas de automóviles y sumas en efectivo, entre otros.
Durante la investigación se constató la existencia de cheques para los trabajadores del empresario y colaborador eficaz Palomo Leppe, lo cual fue corroborado en sus declaraciones, que junto con el análisis de los procesos de licitación son elementos de prueba del fraude en el otorgamiento de los contratos.
Igualmente el análisis financiero, la identificación de bienes, inversiones, pagos en efectivo y documentación ante la Contraloría General de Cuentas comprueban las acciones de ocultamiento de bienes y dinero obtenido ilícitamente, en las que también participaron familiares de los principales sindicados.