En estos motivos se basa la denuncia en contra del titular del Segundo Registro de la Propiedad

Esta tarde, dos trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango presentaron una denuncia penal en el Ministerio Público (MP) en contra del nuevo titular de la entidad registral, Frisly Loarca Chávez, por los delitos de abuso de autoridad, coacción y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica.

De acuerdo con los denunciantes, quienes prefirieron el anonimato por temor a represalias, en mayo, cuando Loarca fungía como registrador sustituto, la institución publicó un concurso en el portal de Guatecompras para adquirir 50 computadoras. Indicaron que las empresas oferentes fueron tres: E. Corp, Sociedad Anónima, que ofertó los equipos por Q 387,000; Sisteco, Sociedad Anónima por Q 363,300 y GBM de Guatemala por Q 388,750; sin embargo, tras revisar la documentación, la junta de cotización, conformada por dos de los denunciantes, decidió declarar desierto el evento el 5 de junio, debido a que ninguna de las empresas cumplía con los requisitos establecidos en las bases de cotización y lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

Una de las denunciantes aseveró que Loarca Chávez le notificó que debía integrar la junta de cotización el 30 de mayo, el mismo día de la recepción de ofertas, cuando la ley establece que debe ser tres días antes.

«Me negué a integrar la junta y el señor Frisly me dijo que debía llevar el evento, y me presionó para que firmara, porque, según me dijo, él tenía diputados que lo estaban apoyando», dijo la denunciante.

Incumplen
Otro de los denunciantes explicó que después de haber declarado desierto el evento fueron notificados por Loarca Chávez, de que en dos días debían llevar a cabo de nuevo el evento en Guatecompras. «La notificación decía que nosotros habíamos cometido errores y que por eso se debía repetir el evento, lo cual no fue así, y por eso no aceptamos repetirlo», agregó.

Mencionaron que el actual registrador los presionó para llevar a cabo el concurso, porque estaba interesado en que el evento fuera adjudicado a la empresa GBM de Guatemala, que fue la que presentó la oferta más alta.

«También presentamos una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas, porque cada computadora se quería pagar a un precio de más de Q 7,000 cuando el costo de mercado es de Q 4,500 a Q 4,700. El haber hecho las denuncias nos costó que nos despidieran del trabajo. En esa institución hay mucha corrupción y nosotros no nos vamos a prestarnos a eso», manifestaron.

Al ser consultado vía telefónica al respecto, el registrador indicó que aún no tenía conocimiento del caso, y que primero se informaría sobre el mismo para dar una opinión.