Tras la captura de 16 exautoridades ediles, empresarios, familiares de funcionarios municipales y extrabajadores ediles, y la audiencia realizada en el Juzgado de Mayor Riesgo se Quetzaltenango, el Ministerio Público, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron detalles de la investigación.
De acuerdo con las pesquisas, tras ganar por primera vez la Alcaldía, en 2004, el ex jefe edil y la exgobernadora, María Elisa López Ixtabalán, habrían concertado para conformar una estructura delictiva.
La investigación señala que ese año, López Ixtabalán se puso en contacto con el constructor Jorge Palomo Leppe (ahora colaborador eficaz del Ministerio Público y la Feci-Cicig), para proponerle favorecerlo con contratos de obra pública de la municipalidad a cambio de pagar un 35 por ciento del costo total de cada proyecto, en efectivo para poder repartirlo entre los integrantes de la red delictiva.
La estructura, liderada por Barrientos, y con López Ixtabalán como intermediaria y pieza clave, habría estado también conformada por los entonces funcionarios ediles Maximiliano Yngemar de León, Carlos Roberto Pereira Gálvez, Carlos Daniel Illescas López, hijo de López Ixtabalán, y Carlos Humberto Prado Bravo, quienes ocupaban puestos clave en las comisiones municipales, entre ellas, la de infraestructura, para favorecer a la empresa de Palomo Leppe y por lo menos a otras 12.
Así operaban
El expediente de la Fiscalía señala que junto a la empresa de Palomo Leppe operaban otras 12, las de los empresarios capturados Luis Alberto Menchú Maldonado, representante legal de la Tecniconstrucciones; Werner Gudiel Domínguez Sánchez, dueño de Invercom; Willy Rolando Vásquez, dueño ICYC; Julio César Saj Güinac, propietario Selun; Celso Sarceño González, dueño de la empresa Disycogua, entre otras, las cuales daban apariencia de legalidad a los concursos para proyectos que publicada la comuna en el portal de Guatecompras.
El mecanismo para «engañar» al sistema era que las empresas debían ofertar en Guatecompras con montos menores al de la empresa de Palomo Leppe, para asegurarse de que la obra le fuese adjudicada.
Una vez adjudicado el proyecto, se presume que López Ixtabalán visitaba a Palomo Leppe para cobrarle en efectivo el 35 por ciento del costo total de la obra, y posteriormente repartirlo entre los integrantes de la estructura, principalmente los funcionarios ediles, que habrían recibido entre el 20 y 30 por ciento del dinero.
La investigación refiere que, de 2007 a 2012, la organización logró otorgar 122 obras de manera fraudulenta a la empresa de Palomo Leppe y a las otras 12 cómplices, dinero que asciende a Q 73 millones, de los cuales los integrantes de la red se habrían quedado y repartido Q 21 millones.
Agrega que el préstamo de Q 81.5 millones solicitado por el Concejo ante una entidad bancaria en 2013 fue utilizado para adjudicar obras a las citadas empresas y beneficiar a los implicados.
El dinero ilícito se movilizaba en efectivo y por medio de depósitos bancarios a terceras personas, para evitar dejar rastro.
Las pesquisas también señalan que el dinero obtenido de manera ilícita fue utilizado por los capturados para adquirir propiedades y vehículos, sin embargo, también en una ocasión se destinó una parte de esos recursos para costear la celebración de un doctorado de Barrientos Pellecer, quien también habría recibido en concepto de coimas tres vehículos.
Además, refiere que López Ixtabalán destinó parte del dinero ilícito en la construcción del condominio llamado «María Elisa», ubicado en la zona 4 del municipio de La Esperanza.
El proceso judicial continúa su curso, mientras que 12 de los 16 capturados fueron enviados ayer al preventivo para hombres y mujeres de la zona 1 altense y la audiencia de primera declaración fue programada para el 25 de septiembre en el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango.