Desde hace varios días, el precio de los combustibles -especialmente Diesel- se ha vuelto insoportable, esto, se refleja como efecto dominó en la escalada de precios en los artículos de la canasta básica, hoy, precisamente la libra de carne de res llegó a Cuarenta quetzales, precio jamás visto en Guatemala y todo esto, es producto de la cadena de costos, entre ellas, el combustible.
Las jornadas de protesta por el incremento a la canasta básica -treinta y cuatro productos- empezaron a darse el lunes 14 de los corrientes, sin embargo, el desinterés del gobierno de Giammattei hizo que las protestas volvieran a darse el día de ayer -miércoles- y se ha prolongado hasta hoy -jueves-, según lo manifestado por varias asociaciones y gremiales de transportes, están dispuestos llegar hasta las últimas consecuencias. La situación se complica grandemente toda vez que, los efectos de las manifestaciones empeoran enormemente la situación económica de las personas que viven del día a día, las personas que, deben llevar el sustento todos los días, estas personas son las más vulnerables ante esta precariedad de autoridad que vivimos los guatemaltecos.
Entiendo, la escalada de precios de los combustibles es a nivel internacional, pero, los países hermanos centroamericanos tienen mejores precios que nosotros, por ejemplo Panamá, El Salvador y Costa Rica, países más pequeños en economía y población en relación al nuestro, pero, mejor posicionados en cuanto al IDH -índice de desarrollo humano-, en ese sentido, urge una responsable y verdadera revisión renglón por renglón de los factores internos que tienen que ver, con los índices microeconómicos y macroeconómicos para que ese grupo de población pobre tenga mayores probabilidades de una vida decorosa y sobre todo, humana.
Panamá y Honduras, sus respectivos gobiernos regulan los precios de los combustibles, en los demás países -incluido el nuestro- los precios son libres, por supuesto que, hay ventajas y desventajas, pero, lo que llama poderosamente la atención, en Guatemala, el gobierno lleva varios meses subsidiando los combustibles, y los precios se han mantenido igual o más altos, para nadie es un secreto, los subsidios millonarios, van directo a la caja de las empresas distribuidoras y jamás han beneficiado al consumidor. Estimado lector, entonces, ¿qué hacer?
Reitero lo escrito en este espacio y lo dicho en otros programas, el Congreso de la República debe DEROGAR inmediatamente el Impuesto sobre el petróleo crudo y los combustibles derivados del petróleo -IDP-, porque su aplicación vulnera el principio de capacidad de pago de los consumidores, vulnerabilidad, claramente establecido en el artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La razón de ser de esta ley -IDP- ya no es congruente con la realidad socio económica del país, dice, Q 1.00 por galón para el MICIVI -para la conservación y mejoramiento de la red vial y Q 0.50 por galón para el MAGA -Programa de Seguridad Alimentaria- en teoría, es buena la idea, pero en la realidad, todo es más de los mismo y alimenta, pero a la corrupción, en ese sentido, es inaplazable su derogatoria.
Entiendo perfectamente que, va hacer falta en el presupuesto de ingresos del año 2023 -4 mil 292 millones 400 mil quetzales- 4% del total de ingresos, pero, y si le cobramos lo que en justicia y equidad tributaria deben pagar las empresas extranjeras que explotan y extraen metales -níquel, oro, plata, etc.-, estoy seguro que, repondremos y superaremos ese 4% del IDP. ¿Cómo nos explicamos que, estas empresas multimillonarias solo pagan al Estado 76 millones 229 mil quetzales por concepto de regalías?, a la fecha hay más de 280 licencias de explotación minera en el país, esto es inaudito.
No es una locura, ni sacado de contexto mi solicitud, el IDP, solo sirve para corrupción, nunca ha servido para las carreteras, menos para seguridad alimentaria. Qué paguen impuestos no regalías los que tienen que pagar -empresas extranjeras- y que se administre con honradez nuestro dinero, porque cuando no se roba, el dinero alcanza.
Contador público y auditor, docente universitario y ex alcalde comunitario.