La tercera semana del mes de mayo de dos mil veintiuno quedara marcada por una de las más violentas de los últimos año en la ciudad de Xelajú, y el inicio de un proceso sistematizado de represión en contra de todo aquel que haya alzado su voz contra los dueños del sistema, o en palabras de analistas, los dueños de la finca.
En pleno día, en la zona de mayor seguridad, entre comillas, frente al edificio del Segundo Registro de la Propiedad, a unos cincuenta metros del complejo de tribunales, a doscientos metros de las oficinas de la fiscalía del Ministerio Público, y con un público de por lo menos cincuenta personas asesinan a una ciudadana venezolana, sí a balazos, hombres en motocicleta la interceptan y la acribillan. Minutos después se desata el infierno en el penal de la ciudad, las imágenes que circulan en las redes sociales son grotescas. Enfrente de los cuerpos de seguridad, así es, a los ojos de la policía, decapitan, mutilan, abren el estómago de un reo, luego le entierran la cabeza en él, abren el cuerpo de otro, para sacarle el corazón.
Solo en películas podría uno imaginar estas escenas de terror. Ríos de sangre corrían por la granja de Rehabilitación Cantel. Imaginen estimado lectores, si esta es una cárcel de rehabilitación, como serán aquellas en donde no existe ese proceso de incorporación a la sociedad. Lo peor de todo, es que al día siguiente, en la mesa de las familias se discute el tema, pero ya no causa dolor, indignación y pena. La ciudadanía ya se acostumbró, o prefieren hacerse los locos, total dicen algunos, eran delincuentes. El guatemalteco ya perdió conciencia del valor de la vida, es persona, pero ya no es humano.
Las autoridades de la ciudad, alcalde, jefe de la policía, gobernador, iglesias, nadie, lamenta el hecho. ¿En dónde están, ese noventa y tres por ciento de Cristianos?
A la mayoría de habitantes de este país ya les importa poco los niveles de corrupción, los asesinatos, las extorciones. Nada toca su conciencia, nos convertimos en máquinas, zombis de deambulan de un lado a otro, por ello también fueron pocos los que alzaron su voz ante la persecución de líderes sociales y periodistas.
La mañana del miércoles, en vehículos sin placas, de color oscuro, capturan al ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, en una acción totalmente ilegal. Un caso hecho a la medida, para llevarlo a la cárcel, pues la audiencia se programó hasta para el otro jueves. Acá el mensaje es claro, y surgen una serie de preguntas: 1) ¿Qué pensaran los auditores de SAT, si imponen multas y sanciones a grandes empresas, correrán la misma suerte de Solórzano Foppa? 2) ¿Por qué el sindicato de SAT no se manifestó en contra de tal atropello, tarde o temprano puede alcanzar a sus miembros? 3)¿Cómo afecta este hecho a la tan dañada cultura tributaria en el país?
Este no es el único caso, Allanaron la casa del periodista Bayron Barrera, y existen amenazas para otros, así como para activistas sociales, muchos de ellos encarcelados. Lo sucesos del miércoles están relacionados, no son actos aislados, el monstruo de la corrupción se esta moviendo.
La nueva ley de Organizaciones no Gubernamentales, es otro atropello a la Constitución Política de la República. El gobierno tendrá la potestad de cerrar a todas aquellas instituciones de sociedad civil que presenten alguna oposición, o bien a defensores de Derechos Humanos. Todo el que alce su voz contra el actual régimen será perseguido y encarcelado, esta es la nueva política del actual gobierno. Esto ya es una dictadura, porque ya se perdieron los contra pesos, o la independencia de poderes. Los organismos legislativo, ejecutivo y judicial están completamente alineados. Que en paz descanse el Estado de Derecho y la República.
Profesor universitario, académico, profesional de las Ciencias Económicas.