Sabían que desde 1992, con el decreto 38-92 se creó dentro de dicha ley el “Impuesto a la distribución del petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo”, más conocido como IDP. Este impuesto es pagado desde el momento que ingresan dichos combustibles al país para su comercialización (gasolinas, diésel, nafta, kerosina y gas licuado). La SAT recauda por cada galón de estos combustibles, Q 4.70 en gasolina superior o de aviación, Q 4.60 si es gasolina regular, Q 1.30 cuando es diésel y 50 centavos para otros derivados como la nafta, kerosina y el gas propano de uso comercial (exento el gas propano de uso domiciliar).
Según las estadísticas oficiales de la SAT, en 2016 en Guatemala, entre los tres principales combustibles, gasolina superior, gasolina regular y diésel, se distribuyeron 1,045,650,979 galones. Ahora, en dinero más de un mil millones de galones consumidos en el país, generan una cantidad significativa para que todos los actores involucrados actúen de forma activa en mantener la infraestructura vial del país.
En los incisos a y b del artículo 23 del decreto 38-92, indica que el impuesto recaudado de la gasolina superior y regular, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá trasladar bimestralmente 10 centavos por galón a la Municipalidad de Guatemala, que en 2016 debió ser alrededor de Q 53 millones. El resto de las municipalidades del país se deben distribuir, de acuerdo a la proporción del aporte constitucional, 20 centavos por galón, que en 2016 debieron ser más o menos Q 106 millones. El destino de dichos fondos es exclusivamente para servicios de transporte y para mejorar, construir y mantener la infraestructura vial, tanto urbana como rural de cada municipio.
En el inciso c del mismo artículo indica que el impuesto recaudado de la gasolina superior, regular y diésel, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá trasladar en los primeros 5 días hábiles, Q 1.00 por galón al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en calidad de fondo privativo para la conservación y mejoramiento de la red vial de carreteras, incluyendo la infraestructura de caminos rurales.
Es una vergüenza la inoperancia administrativa, tanto del gobierno central como de las municipalidades del país, incluida la de Quetzaltenango, ya que después de más de dos años del actual periodo de gobierno y de estar pagando nuestro impuesto para el desarrollo y mantenimiento de carreteras en el país, estas estén en total abandono y casi imposibles de transitar sin causar algún daño significativo a los vehículos que por ellas transitan. No suena ilógico que muy pronto veamos acciones legales en contra de los que han tenido los recursos, pero no la capacidad administrativa y operativa para utilizar los mismos.
En conclusión, no es necesario privatizar nuestras carreteras, lo que sí es urgente es erradicar la corrupción, la negligencia y la indiferencia de los que llevemos al poder para ejercer el gobierno central o municipal. Me despido con esta reflexión del dramaturgo Bertolt Brecht, “la injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la injusticia”.
Director de impuestos en ARRSUC, S. C. Catedrático Universitario y Consultor Fiscal contabilidad@arrsuc.com