Se supone que, en un proceso electoral, la justicia interviene, solo a petición de parte y cuando, por otros medios, no pueden resolverse las controversias; cuando hay denuncias u otros casos donde el Tribunal Supremo Electoral no puede o no debe intervenir; cuando, eventualmente, se han agotado otras instancias y/o no hay más alternativa para resolver el o los problemas motivo de la controversia. Para el efecto, según el caso y resultados, existen tres instancias: El Juez de un juzgado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, instancias a las que se recurre planteando recursos de amparo u otras inconformidades según sea hasta alcanzar la sentencia o resultado final, que es inapelable. Dentro de este maremágnum, los tribunales, es decir, las justicia, debe actuar, proceder con total independencia y lo más importante: proceder con total e inobjetable neutralidad para resolver conforme a lo que en justicia corresponde y nunca, pero nunca, tomar partido en y por alguna de las partes o en favor de intereses particulares; desafortunadamente y, según la experiencia, no siempre es así. Dentro de mi ignorancia en materia jurídica, así es como lo veo y, si estoy equivocado, ruego a los señores abogados y/o especialistas que, por favor, me disculpen.
Mucho antes de la convocatoria electoral, durante el curso del proceso y desarrollo de acciones políticas, jurídicas y de diferente índole, se han venido presentando acciones que, en vez de generar confianza a los electores, generan desconfianza; vistos tales acontecimientos, cuanto ha y sigue sucediendo, además de la desorientación ciudadana, convierte en un mito el principio de “justicia pronta y cumplida” y permite arribar a una presunción o, eventualmente, posible conclusión: tanto en el proceso electoral, por la judicialización de la política y muchos eventos más que a diario estamos observando, estamos navegando en un país carente de democracia, de justicia plena y donde, la imparcialidad jurídica, es escasa o casi inexistente. Veamos solo algunos de los tantos ejemplos para fortalecer este supuesto. En el Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con mucha anticipación, desde un principio, no han ocultado la intención de dejar fuera de la contienda a Thelma Aldana y Zury Ríos; con la primera, cometiendo los inexplicables atropellos jurídicos que la prensa, analistas y no pocos periodistas, se han encargado de señalar en muchas ocasiones y hasta la saciedad; en cuanto a la segunda, si bien existe una ley emitida en su momento sin la menor fundamentación doctrinaria y razonamiento jurídico, político y social y tener la jurisprudencia de permitirle participar en las elecciones pasadas, la volvieron a invocar para dejarla fuera de la jugada. A ello habrá que agregar que en estos casos no se disimula, “ni tantito”, la intención de dejar abierta la puerta y favorecer, a Sandra Torres. Lo cierto es que el verdadero motivo, en el caso de Thelma, es el temor, el pánico del pacto de corruptos y, aunque resulte redundante, el cúmulo de corruptos incrustados en todos los niveles de gobierno, a ser investigados por las fechorías cometidas en el ejercicio del poder. En cuanto a Zury, cualquiera piensa que es una torpeza endosar a los hijos, las acciones de los padres y viceversa; esto es hasta una contradicción biológica. Lo cierto es que como coloquialmente se dice: el miedo no anda en burro; los corruptos saben que, de participar Thelma y Zury, serían las más fuertes competidoras en la contienda electoral con muchas posibilidades de que, una de ellas, alcanzara la presidencia de Guatemala.
Otro caso que sigue siendo escándalo jurídico y político, es el del diputado Felipe Alejos. Como es del dominio público, desde enero del 2018, la CICIG presentó una solicitud de antejuicio contra él por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo, vinculados al caso de traficantes de influencias. Desde entonces, sin ocultar la parcialidad jurídica y, no obstante, las diligencias de la FECI sobre el particular, cobijándose en la política retardataria y demás maniobras de compadrazgo y presumibles trinquetes jurídicos de todos colores y sabores, se siguen burlando del “justo proceso” al amparo de la inmunidad que es el argumento que permite a los corruptos tantos y tantos atropellos también de todos colores y sabores de quienes, como está demostrado, siguen delinquiendo aprovechando la ley de inmunidad que es la ley más alcahueta y solapadora que se conoce. Son muchos, pero muchos los casos que podrían demostrar la corrupción imperante y la crisis que viene confrontándose en Guatemala; basta orientar nuestra atención hacia los tránsfugas que el Tribunal Supremo Electoral está legalizando y otras “joyas” que están sujetas a la política retardataria confiando porque también serán favorecidos, como podría suceder y ha sucedido según antecedentes ampliamente conocidos.
Soy un profesional comprometido con la transparencia, la crítica y la propuesta, e identificado con los problemas sociales; los intereses y necesidades de los de a pie. / lufesaldy@hotmail.com