Es hora de que el gobierno del municipio, que le corresponde al Concejo municipal, se organice para garantizar la integridad y la vida de las personas y sus bienes”.
Una pregunta que muchos se han hecho es: ¿Qué tienen que ver los gobiernos locales con la seguridad? ¿Tienen o no responsabilidades legales en cuanto a seguridad para sus municipios y habitantes?
Ha sido común que, cuando a algún alcalde se le pregunta sobre su plan o estrategia de seguridad, responda que eso no le compete legalmente y que los responsables son el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y la Gobernación Departamental. Así de sencillo se lavan las manos, situación que no es aceptable, porque, a diferencia de los ministros y gobernadores, los alcaldes y los miembros de su corporación son funcionarios electos popularmente, por lo que tienen mayor legitimidad ante la población, y también el compromiso de resolverle sus problemas, dentro de los cuales, el más importante en el presente, es el que tiene que ver con la inseguridad pública y ciudadana.
Expresamente, la ley no establece que los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de la seguridad de las personas y de sus bienes, sin embargo, al formar parte de la organización del Estado, también están obligados constitucionalmente, como se establece en los primeros tres artículos de nuestra Constitución Política, que preceptúan que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, que es su deber garantizar la seguridad a los habitantes de la república, proteger la vida humana desde su concepción, garantizar la integridad y la seguridad de la persona. Está claro que también es un deber para el gobierno municipal.
De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 33 del Código Municipal, el ejercicio del gobierno municipal corresponde con exclusividad al Concejo, es así, que hacer gobierno significa, entre otras cosas, defender los intereses de los habitantes del municipio, que incluye la formulación de políticas locales de seguridad. Gobernar el municipio también significa proteger a las personas y sus bienes, particularmente, en el contexto actual en que los índices de inseguridad se han agravado en el país en general y los municipios en particular.
Dentro de la organización de las comisiones, el Concejo debería crear una comisión de seguridad pública y ciudadana, lo cual es permitido en el Código Municipal, como se establece en su artículo 36. Dicha comisión tendría que proponer una estrategia de seguridad que implique el fortalecimiento de la policía municipal y la coordinación con organizaciones privadas y públicas, particularmente la PNC y la Gobernación. Esto todavía lo pueden hacer los actuales concejos y alcaldes en el tiempo que les queda.
Legalmente, la seguridad pública es competencia de la PNC, pero el problema es que su funcionamiento depende de decisiones de burócratas del Ministerio de Gobernación en la ciudad capital, que desconocen y poco les interesa la problemática de la inseguridad en los municipios del interior del país. Por esa razón, en el marco de lo que establece la Ley General de Descentralización, vigente desde 2002, la situación actual hace imperioso que se descentralicen las competencias gubernamentales en el área de seguridad ciudadana, como lo establece el artículo 7 de dicha Ley. Obviamente, es un proceso que no se puede llevar a cabo de la noche a la mañana, ni en todas las municipalidades, sino de manera gradual, como lo establece el artículo 6 de la misma Ley. Un ejemplo de descentralización es el traslado de la competencia de la administración de tránsito, desde el Ministerio de Gobernación hacia varias municipalidades del país, como es el caso particular del municipio de Quetzaltenango.
Entonces, en cuanto a seguridad pública, creo que es hora de evaluar la descentralización del mando de la PNC hacia el gobierno local, como lo han hecho otros países, y con buenos resultados. El principio es que las autoridades locales conocen mejor los problemas locales, como la inseguridad, por lo que podrían obtenerse mejores resultados si las acciones de la PNC en materia de seguridad fueran planeadas con el gobierno local.
El Concejo Municipal actual del municipio de Quetzaltenango podría iniciar el proceso de traslado de esa competencia, sí y solo sí sus miembros tienen la voluntad política, y si les preocupa realmente el problema de la inseguridad. Ello lo pueden viabilizar iniciando la propuesta desde una de las comisiones de carácter obligatorio, como lo es la comisión de descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana, como lo establece el inciso 5 del artículo 36 del Código Municipal, también el inciso g) del mismo cuerpo legal, establece que el Concejo tiene como una de sus atribuciones, la aceptación de la delegación o transferencia de competencias. Si se quiere se puede.
Es evidente que el fundamento legal existe, acá se ha mencionado algo a manera de ilustración, ahora, la pregunta es: ¿el Concejo, y particularmente el actual alcalde, tienen interés y la voluntad de mejorar las condiciones de vida de la población?, para lo cual es esencial que el municipio vuelva a ser seguro. Habrá que preguntárselo a ellos personalmente, para saber cuál es su posición al respecto.
Lo que ya no se vale es seguir eludiendo la responsabilidad de velar por la seguridad del municipio, y decir que son otras entidades las obligadas. Es hora de que el gobierno del municipio, que le corresponde al Concejo, se organice para garantizar la integridad y la vida de las personas y sus bienes.
Recientemente se ha publicado en algunos medios de prensa información sobre los posibles precandidatos a la alcaldía del municipio de Quetzaltenango. De llegar a concretarse algunos de ellos y otros que no aparecen aún, como candidatos, creo que como vecinos de este municipio hay que exigirles que presenten un plan de gobierno y que el mismo contemple una política o una estrategia de seguridad pública y ciudadana. No hay que permitir que se siga improvisando, hay que evaluar desde ya hojas de vida, donde se evidencie documentalmente formación, capacidad, experiencia, liderazgo y conocimiento de la problemática municipal, y lo más importante, que ofrezcan un plan de gobierno que diga cómo se va a enfrentar la problemática municipal y particularmente la inseguridad.
Administrador público, economista, politólogo, abogado y notario, y profesor universitario.