En 2015 las élites económicas y políticas del país se vieron fuertemente castigadas, como resultado de un trabajo de más de ocho años de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, Cicig. Pero no fue solo la comisión, una gran cantidad de guatemaltecos contribuyeron para que se creara la instancia en Guatemala. Un presidente, una vice presidenta, ministros, secretarios de gobierno, miembros del Cacif fueron a la cárcel, en un hecho sin precedentes.
El pueblo, que durante años cayo los desmanes de estos grupos celebro tales acontecimientos. Muchos llegaron a pensar que era el tiempo de una Guatemala mejor. A nivel mundial el trabajo del Ministerio Público fue reconocido. Los intocables, la familia Arzú fue tocada, su máximo representante Álvaro Arzú fue denunciado y su camino para estar tras las rejas estaba debidamente señalado, por lo que tuvo que crear un acto de escape, la muerte.
Pero los 500 años de colonización, con 190 años de vida de un Estado guatemalteco creado por mafias iba inexorablemente a resistirse al cambio. Las fuerzas se unieron, desarrollaron un plan para desbaratar las instituciones creadas para perseguir la corrupción al más alto nivel. Con el ascenso al poder del gobierno de Jimmy Morales y el partido FCN-Nación se inició la primera fase del plan cuyo objetivo era sacar a la Cicig del país, todas las fuerzas oscuras de este país se unieron, claro sus intereses estaban siendo amenazados. Paralelamente se estableció la forma de cooptar el Ministerio Publico. La salida de la Fiscal General Thelma Aldana y el ascenso de Consuelo Porras debilitaron las acciones de investigación.
El fiscal de delitos electorales debió huir del país antes de las elecciones de 2019, la disminución de recursos para la Fiscalía Contra la Impunidad – FECI- el incremento de ataques de toda naturaleza contra el Fiscal Sandoval van encaminados a destruir las acciones de investigación en contra de mafias políticas hoy en el poder. Una vez cumplida la meta, con la comisión fuera de Guatemala, el debilitamiento de la FECI, y la cooptación del resto del MP se delineo la siguiente acción, destruir a la Corte de Constitucionalidad – CC-. Esta instancia en la actualidad constituye un equilibrio entre la justicia y el abuso de poder de organismos como el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo. El mandato de la CC establecido en la Constitución Política de la República es garantizar el cumplimiento de esta carta magna.
Los sindicados en 2015 por actos de corrupción esperan en la cárcel ser exonerados de toda culpa. Por ello como operador Gustavo Alejos estableció un mecanismo para que se conformen Cortes, afines a ellos. Lo que no sabía él, era que estaba siendo investigado por el Ministerio Publico, quien documento fehacientemente la relación de diversos actores, entre magistrados, diputados, operadores gremiales, que se reunieron para definir quienes debían asumir como nuevos magistrados.
Ante tal situación la Corte de Constitucionalidad estableció mediante amparo que quienes eran señalados por el Ministerio Público no debían ser electos, el Congreso debía dejarlos fuera de la elección, debiendo cada diputado emitir el voto de viva voz. Esto en definitiva no gusto a los Diputados, quienes repitieron una frase muy común ya en el ámbito gubernamental de este país: “no estamos obligados a acatar órdenes ilegales”. El autor de esta frase es Jimmy Morales, expresidente guatemalteco. Por tanto, los señores del Congreso deciden denunciar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
En primer lugar, es inaudito que un Diputado establezca como ilegal una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Si no se está de acuerdo, hay mecanismos legales para responder, en un marco de ley a una sentencia. Porqué de no ser así, se abriría la puerta para futuros casos, en los que usted, ciudadano común, cuestione una orden de aprehensión o de allanamiento, y considere esta como algo ilegal, para luego proceder a realizar una denuncia contra el juez que firmo las ordenes.
Sin embargo, todo lo sucedido esta semana no es más que un plan de reconfiguración del “Pacto de Corruptos”. Como he dicho antes, nuevos diputados, mismos jefes, iguales vicios. Lo actuado por el Congreso tiene como objetivo final retrasar la elección de Magistrados para todas las cortes hasta el 2021. Y cuidado porque se está usando el miedo, transmitido en los medios de comunicación, derivado de la pandemia para tener sumisa a la población. El grupo del “Pacto de Corruptos” en el Congreso tiene una agenda perversa, que va desde eliminar los beneficios laborales a los empleados hasta apoderarse de la Corte de Constitucionalidad. La pregunta es ¿cuándo despertara el pueblo de Guatemala?
Profesor universitario, académico, profesional de las Ciencias Económicas.