Recientemente el Instituto Nacional de Estadística –INE-, hizo públicos los resultados parciales del Censo de Servidores Públicos, indicando que según la muestra censal en las instituciones estatales se les entregó un listado con los nombres de los trabajadores, sin embargo al realizar las entrevistas existen 37 mil 944 empleados que no se encontraron, por distintas o que ya no laboran en dichas instituciones, además ubicaron más de 20 mil personas que no figuraba en los listados, según indicaron, éstos resultados son preliminares, porque están en la fase de validación de la información, después estos datos serán enviados a las instituciones para alimentar el Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos y Guatenóminas.
Existen varias cosas que no tienen sentido en lo indicado por el INE, primero, es inadmisible que las instituciones hayan proporcionado información no confiable, es decir que dieron nombres de supuestos empleados que no se encontraron porque ya no laboran en la institución, eso quiere decir que ni las máximas autoridades ni los responsables de recursos humanos conocen cuantos empleados tiene ni conocen quienes son, esto indica que desde hace mucho tiempo sus sistemas de información de personal no están actualizados, y lo más delicado es que seguramente en algunos casos les siguen cancelando el salario a personas que nadie sabe en dónde están.
También se revela el desorden que existe en el sector público para la contratación y control del Recurso Humano, pues también se ubicaron a aproximadamente 20,000 personas que no figuran en los listados proporcionados por las instituciones que los contrataron pero que si están laborando y que perciben un salario pagado con fondos públicos.
Todo éste desorden en plazas y contrataciones se traduce en fuga de dinero del presupuesto del Estado, porque al analizar el presupuesto de las instituciones del Estado, la mayor parte destina sus recursos financieros al pago de gastos de funcionamiento, especialmente el grupo cero “0”, que comprende el pago de servicios personales, es decir la contratación de personal.
Pero, no solamente son plazas pagadas a personas que no llegan a trabajar, también existen personas que laboran en dos lugares a la vez, por ejemplo, existen médicos que laboran como turnistas en el Ministerio de Salud y tienen plaza 011 en el IGSS, existen personas que llegan a tener hasta 10 contratos en instituciones del Estado, y así casos que aún no han salido a luz suceden en Guatemala desde hace varios años sin que nadie haga algo por ordenar verdaderamente las contrataciones.
Hace años la Contraloría General de Cuentas hizo un intento para poder controlar y tener certeza del número de empleados que labora para el sector público, pero falló, ya que a lo más que llegó fue a realizar un acuerdo para que los empleados públicos se actualicen en el portal electrónico del ente fiscalizador cada año, sin que se profundice más para cruzar información sobre la veracidad de dicha información. Ahora con los datos que reveló el censo queda el reto para que el ente fiscalizador proceda como legalmente corresponda en las instituciones que no tienen control del personal que labora en ellas y que mucho menos conocen las funciones que realizan, así como interponer las demandas para recuperar el dinero pagado de más.