Durante las últimas semanas aumento la crisis política alrededor de la captura de Mario Estrada, la amenaza de muerte de Thelma Aldana y dos fiscales del Ministerio Publico, el antejuicio de Sandra Torres y la negativa de inscripción de Sury Ríos. Los medios de comunicación concentrados en la maraña del proceso electoral han olvidado que en este país siempre hay alguien que aprovecha los descuidos de los ciudadanos. Esta hipótesis se confirma al revisar las leyes que están en proceso de aprobación en el “honorable” Congreso de la República.
Hoy me referiré a una en especial, la “Ley General de Infraestructura Vial” contenida en la iniciativa 5431. La ley es promovida por FUNDESA. De acuerdo con su página oficial La Fundación para el Desarrollo de Guatemala –FUNDESA es una entidad privada no lucrativa, conformada por empresarios a título personal, independiente de intereses sectoriales, gremiales o partidistas, nace en 1984 por el interés de generar e implementar programas y proyectos que impulsen el desarrollo económico y social en Guatemala de manera sostenible. ¿Cuáles proyectos? Los donantes más representativos son: Banco Industrial, Cementos Progreso, Ingenio Pantaleón, Cervecería Centroamericana, S.A., empresas que al momento de donar a esta fundación dejan de pagar impuestos. Primera contradicción quieren desarrollo económico y social de manera sostenible, pero dejan de pagar los tributos que contribuyen a este fin en cualquier sociedad, sobre todo las más avanzadas. Por lo anterior tengo la primera duda, ¿si alguien que no está dispuesto a pagar impuestos, lo estará para buscar el desarrollo del país construyendo infraestructura vial? No lo creo.
En la página oficial de la institución se indica que el Director Ejecutivo es Juan Carlos Zapata, con muchos honores académicos, que seguramente los tiene, sin embargo citan entre los logros el haber consolidado la iniciativa Mejoremos Guate, programa para reducir la pobreza, mismo que se trabaja en coordinación con el CACIF. Esto es mentira, desde el año 2009 hasta la fecha se ha incrementado la pobreza, pobreza extrema y la desnutrición crónica. Con estos antecedentes que podemos esperar de tan noble institución.
El caso esta, que la ley busca crear un Sistema Nacional de Infraestructura Vial, conformado por siete sectores, de los cuales tres corresponden a la iniciativa privada, dos al gobierno que generalmente es dirigido por amigos de la iniciativa privada, lo que deja sin opción a los usuarios y a los representantes de los municipios. (Art. 6 de la Ley). Cualquier decisión será tomada por mayoría, y no habrá oportunidad para el pueblo, quien es el que finalmente paga.
Pero además está la situación del financiamiento. El peaje establecido en el Art. 120, podrá aplicarse a cualquier carretera en territorio nacional. Lo anterior significa que los usuarios actualmente pagan Q4.70, Q4.60 por galón de gasolina, Q1.30 por diesel, impuesto a la circulación de vehículos, que son varios miles al año, según el modelo del mismo. A esto sume el peaje que va de Q10.00 a Q180.00 según su destino. De esto el Ministerio de Finanzas debe trasladar a la SIVIAL, que como vimos estará en manos de empresarios, Q4.40 por galón de gasolina superior, Q4.30 de regular y Q1.30 por galón de diesel. Esto representa miles de millones anuales de quetzales para la construcción de carreteras, que luego se convertirán en títulos comercializados en la bolsa de valores (art.131). En resumen usted paga el impuesto, con esto se construyen carreteras, luego se venden, los compradores cobran el peaje que también usted paga. Al final ¿Quién se queda con las ganancias?
Por donde se analice los ganadores serán los empresarios agrupados en FUNDESA con el auspicio del CACIF, privatizaran la ganancia y socializaran la pérdida a través de los impuestos.
Muchos afirman que la privatización es la solución, pero vean el caso del ex Ministro Alejandro Sinibaldi y la relación que tiene con la constructora del Brasil, basada en la corrupción, quien garantiza que esta iniciativa de ley no es una legalización de los procesos corruptos develados por la justicia.
Por todo lo anterior el pueblo guatemalteco debe decir NO A LA INICIATIVA 5431.
Profesor universitario, académico, profesional de las Ciencias Económicas.