En los últimos día se ha desatado una serie de comentarios en torno a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que ordena entregar a la Universidad de San Carlos de Guatemala el equivalente, como mínimo, al 5% sobre los ingresos ordinarios que obtiene el gobierno. Por lo que el Ministerio de Finanzas no puede hacer deducciones al total obtenido producto de los Ingresos Ordinarios que pagan los Guatemaltecos.
La Constitución de Guatemala establece: “Artículo 84.- Asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del cinco por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico”.
La norma constitucional es clara, un 5% y más, según vaya aumentando la población estudiantil, o abriendo más carreras, con un mejor nivel, como es el caso de los postgrados, maestrías y doctorados.
En atención a lo anterior los funcionarios del gobierno guatemalteco históricamente han violado la constitución, norma que juran cumplir el día que ascienden al poder. Lo que haría necesaria la persecución penal de oficio por el Ministerio Público, hecho que no ocurrirá en este periodo, como no ha ocurrido en los anteriores.
El Presidente Giammattei a dicho que no tiene recursos para entregar a la Universidad, para hacerlo debería sacrificar otras prioridades como salud y educación en los niveles primarios y secundarios.
Pero no es ese el camino que debe seguir la Presidencia de la República. Lo que el gobierno debe impulsar es una campaña para recaudar mejor los impuestos vigentes, ni si quiera una reforma tributaria se requiere, con los vigentes es suficiente.
Las empresas que integran el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras – CACIF- dejan de pagar al Estado de Guatemala en concepto del Impuesto Sobre la Renta un alto porcentaje de la evasión en este concepto, que cada año suma Q25 mil millones de quetzales, a este monto se agregan los Q15 mil millones de Impuesto al Valor Agregado. Estos valores corresponden exclusivamente a la evasión, porque la elusión producto de exenciones y exoneraciones tributarias ascienden a otros, aproximados Q16 mil millones. Es por ello el alboroto que han causado, no más dinero para la USAC, han dicho, porque esto simplemente significa pagar un poco de lo que se apropian año con año.
Pero no sólo se trata de entregar recursos o de no hacerlo. A este selecto grupo de empresarios no le conviene que la población guatemalteca tenga un pensamiento critico, porque evitarían ser manipulados como hasta ahora lo han sido. Ellos no quieren emprendedores, por lo menos de los que afecten sus intereses, solo quieren pequeños empresarios que adquieran los productos que ellos ofrecen, nada más. El monopolio lo tienen ellos, de todo lo que genera grandes ganancias, como el sector bancario, no entra empresa a este país si ellos no se quedan con las ganancias.
Una tercera razón es el monopolio de la educación universitaria superior, universidades de garaje, que entregan títulos a cabio de dinero en todos los niveles, con un pensamiento neoliberal favorable a sus intereses.
Los señores del CACIF no están preocupados por el desarrollo del país, su gran preocupación se concentra en la pérdida económica que representa que más guatemaltecos tengan acceso a una educación con consciencia social, favorable a las grandes mayorías de la población, y mucho menos quieren más guatemaltecos pensando, los quieren sumisos, como los actuales funcionarios de gobierno.
Profesor universitario, académico, profesional de las Ciencias Económicas.