Guardando las proporciones, Guatemala tiene más muertes violentas, que México cuando México, tanto en extensión territorial y población, es más de diez veces mayor que Guatemala. Si bien en México también existe la criminalidad del orden común, la mayor parte de muertes violentas, provienen de enfrentamientos entre narco traficantes y disputas por controles territoriales de los carteles.
En Guatemala, también hay presencia del narco pues según información cotidiana de la prensa, Guatemala, de ser un país de tránsito (que se ha acentuado últimamente), se viene convirtiendo en un país productor cuyas siembras se han localizado en varios lugares destacando el nor-oriente, occidente y otras regiones; también vale señalar el aterrizaje de aviones y quema de las Aero naves, como tantas veces lo vienen informando los medios de comunicación.
Al igual que en México, tribunales de Estados Unidos de Norte América, han solicitado y reclamado a Guatemala la detención y extradición de algunos personajes relacionados con estos ilícitos; algunos, ya extraditados y en prisión en aquel país y, otros, con orden de captura para ser extraditados. Lógicamente, no se compara la dimensión del narco entre México y Guatemala, pero en uno y otro país, como está y se sigue publicitando, está presente el narco tráfico y sus derivaciones.
Ahora bien, en Guatemala hay que destacar lo que, en relación con la criminalidad, el sicariato, los asesinatos, las extorsiones y tantas muertes violentas que a diario nos informa la prensa, que abarca todo el territorio nacional en el que sobresalen departamentos del nor-oriente, la capital del país, Mixco y Villa Nueva, la cantidad de muertes, es tremendamente abusiva, temeraria y un abierto desafío a las autoridades encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos y, frente a una realidad como tal que lastima, enluta y ofende a Guatemala y a la sociedad guatemalteca, no se puede ser indiferente: significaría ser insensible e inhumano.
Es verdaderamente doloroso y preocupante, la forma en que se está asesinando a las víctimas de este flagelo que está aumentando incontrolablemente y en progresión geométrica, en Guatemala: están matando indiscriminadamente a gente de todos los estratos sociales: desde empresarios y agricultores, hasta moto taxistas, pequeños comerciantes, obreros, campesinos, tortilleras y gente humilde que, con un modesto trabajo, busca aliviar su precaria situación personal y familiar; busca, con su trabajo y esfuerzo, agenciarse recursos y, modestamente, satisfacer sus necesidades y cubrir los requerimientos mínimos de subsistencia como gente carente de medios económicos que, en no pocos casos, son parte de la población que vive en la pobreza y extrema pobreza.
La criminalidad que se está apoderando de Guatemala, es alarmante y de incontrolable aumento; no existe un solo departamento o municipio o hasta espacio del país –no es exageración-, donde, en menor o mayor cuantía, no esté presente el crimen y la delincuencia. Uno solo de tantos ejemplos: en la primera plana del periódico Prensa Libre del 25 de noviembre pasado, se destaca una alarmante noticia: “EXTORSIONES AUMENTAN 32% en 2019. Más de 13 mil casos se reportaron en 10 meses: repunte se atribuye a corrupción carcelaria”. Estamos hablando de 1,300 casos mensuales o 43.3 muertes diarias (mes calendario: 30 días); casi dos casos por hora, Eso es la estadística oficial, habrá que agregar los casos que no trascienden.
De acuerdo con esta información, hay que aceptar que, la cúpula del imperio del crimen en Guatemala, se encuentra localizada en los centros carcelarios del país y, esto, no sería posible sin la complicidad y la corrupción compartidas, de y con las autoridades correspondientes. Algo más, que escandaliza y debe ser motivo preocupación prioritaria para autoridades y población de Quetzaltenango: según Prensa Libre del 26 de noviembre pasado, a nivel nacional, “El 47% de extorsiones proviene de prisión de Cantel” y, según datos del Ministerio Público, “el 95% de extorsiones del suroccidente salen de Cantel” (páginas 1 y 8 ). Las autoridades, tienen la palabra.
Al igual que en todo el país, en Quetzaltenango, el crimen y la delincuencia, también están presentes y van en aumento; las principales víctimas son los pilotos del transporte. Ya es tiempo que las autoridades (nacionales, departamentales y municipales), hagan algo: que cumplan con su obligación de controlar y enfrentar este flagelo y cáncer que está enlutando a tantas familias guatemaltecas y dejando en la orfandad, a tantos inocentes. No hacerlo, ignorar esta lacerante realidad, es un crimen económico, político y social.
Puede principiarse por controlar rigurosamente a sospechosos que transiten en motocicleta, instalar detectores de armas en el transporte más sensible a la comisión de delitos; también es urgente que los pilotos cuenten con un seguro de vida para que las víctimas, no dejen en el abandono y desamparo a su familia cuando así lo amerite el caso. Hay otras muchas formas de enfrentar esta situación; todo depende de que las autoridades obligadas a ello, cumplan con su compromiso político, la obligación y el deber de velar por la seguridad de los ciudadanos: para eso están en el cargo que ocupan; para eso les pagamos el sueldo que devengan. Solo así, no caerán en lo que, por omisión, incumplimiento o indiferencia, se pueda considerar como complicidad frente esta triste y dolorosa realidad que se confronta en Guatemala.
Soy un profesional comprometido con la transparencia, la crítica y la propuesta, e identificado con los problemas sociales; los intereses y necesidades de los de a pie. / lufesaldy@hotmail.com