El mes de septiembre causa en el pleno parlamentario una euforia indescriptible. Lo bueno es que ya estamos en octubre, y ojalá no continue la fiebre en el Congreso. Son muchos los ejemplos de lo mal que legislan los Diputados, siempre favoreciendo a un pequeño sector, que los ha financiado a ellos o a alguno otro funcionario con poder. Esta vez corresponde el turno a los señores ganaderos, sí, aquellos que el 24 de septiembre 2017 manifestaron el apoyo al Presidente Jimmy Morales. En los Amates Izabal, un grupo de ganaderos se reunieron con Morales, unos días después del paro nacional que organizaciones de diferentes sectores organizaron el 20 del mismo mes, se convirtieron en el grupo salvador del gobierno.
Tendrá algo que ver el estado sitio decretado en ese lugar. Se habrán comprometido tierras de los comunitarios a favor de los ganaderos. ¿Cuánto le costara al pueblo de Guatemala es pequeña reunión con los ganaderos que defendieron al Presidente? Es difícil indicar los montos, pero ya algunos centros de investigación se atreven a indicar que supera los Q2 mil, millones de quetzales. Es el 80% de lo que el Estado le entrega a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene una matricula de 230 mil estudiantes aproximadamente y entrega a la sociedad cada año unos 10 mil profesionales de distintas disciplinas. Con estos recursos la educación superior llegaría a lugar recónditos del país. Se pueden construir 25 edificios de cuatro niveles con laboratorios equipados, cada año, porque la pérdida en la recaudación es anual.
Establecer un régimen para la ganadería es el peor error que puede cometer el gobierno guatemalteco, ¿por qué? Si bien es cierto la población consume carne esta es altamente dañina para la salud, además el estiércol del ganado produce metano, provocan gases contaminantes que influyen en un aumento del efecto invernadero, el amoníaco es otro contaminante que proviene de su excremento. Por lo que un gobierno responsable debiera realizar acciones para que disminuya el consumo de carne y no promoverlo.
Pero ya esta hecho, por lo que las características del nuevo régimen establece beneficios para el sector agropecuario. Todos aquellos que facturan menos de Q3 millones y comercializan productos agropecuarios pagaran una tarifa del 5% sobre los ingresos brutos. A los que opten por facturar utilizando la “Factura Electrónica”, en la plataforma de la Superintendencia de Administración Tributaria pagaran un 4% sobre los ingresos brutos.
La Ley establece una amnistía para este sector. Quienes no hayan pagado los impuestos, o declararon mal estos, tendrán la oportunidad de poner en cero su adeudo tributario en el momento en que opten por el nuevo régimen. Los que utilizaron facturas falsas o alteradas también quedaran libres de todo cargo. Y como guinda al pastel, la ley autoriza al Presidente a emitir los acuerdos gubernativos o el acuerdo que exonere multas y recargos.
Desde el principio la iniciativa de ley fue cuestionada por muchos sectores, incluso el CACIF. El dictamen de la Superintendencia de Administración Tributaria recomendo no aprobar la norma, debido a los efectos negativos que esta tendra en la recaudación. Un alto porcentaje de los que se incorporaran al nuevo régimen ya tributan el 25% sobre las utilidades. Por otro lado el efecto en la moral tributaria es inversamente proporcional a las amnistias, esto significa que los que no han pagado se ven beneficiados, y los contribuyentes responsables se sienten defraudados por el sistema. La decepción se suma a los multiples actos de corrupción que desestimulan el pago de los impuestos.
No es necesario ser un especialista para prever el fracaso que representa el Decreto para las arcas del Estado. El año cierra con un agujero fiscal de más de Q2 mil millones, para el 2020 sume otro monto similar, esto hara inevitablemente que el gobierno recurra a la deuda para cubrir los gastos.
Profesor universitario, académico, profesional de las Ciencias Económicas.