Cuando se habla del manejo de fondos públicos generalmente nos enfocamos en el uso que se le da a los recursos financieros y la distribución del presupuesto en cada una de las instituciones que reciben fondos públicos, sin embargo el manejo de fondos públicos implica también la responsabilidad con la que los funcionarios toman ciertas decisiones en el momento de hacer los pagos.
En todas las instituciones públicas existe un departamento financiero que por supuesto es el responsable de pagar la contratación de bienes, servicios y personal, un departamento administrativo que debe velar por la calidad del gasto y que los mismos se realicen con apego a las normas y leyes, y un departamento de auditoría interna, el cual es clave para que los dos mencionados antes funcionen y realicen sus funciones, tristemente en la mayoría de los casos Auditoría Interna lejos de darse cuenta de los problemas y casos de corrupción ha pasado desapercibido incumpliendo con sus funciones.
Por mandato legal la Contraloría General de Cuentas es el ente fiscalizador responsable de verificar que cada una de las instituciones y personas cumpla con las funciones y objetivos específicos, así también en el caso de tener dudas razonables sobre la utilización de fondos públicos establecer las responsabilidades administrativas y/o penales que correspondan.
Es lamentable que instituciones tan grandes como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, específicamente en Quetzaltenango se estén dando malas prácticas respecto al pago y contratación de proveedores, así como un total descontrol administrativo, serias fallas en el área de recursos humanos y por si fuera poco, personal que en horas laborales se dedica a actividades sociales, en éste caso la auditoría interna si ha cumplido con su función de reportar y rechazar los expedientes de los pagos que considera no pueden ser gestionados debido a serios cuestionamientos, pero, los responsables han hecho caso omiso, incluso han llegado al extremo que cada año cuando la Contraloría llega a fiscalizar se van de vacaciones dejado la responsabilidad de firmar las certificaciones de información a personal subalterno que no es el responsable de los malos manejos ni de las decisiones e instrucciones verbales que se han girado.
Las consecuencias de estas malas decisiones y fallas en la administración de fondos públicos las paga el usuario final, que en el caso mencionado son los pacientes del IGSS, algunos porque no tienen su medicina a tiempo debido a que no se hacen correctos los cálculos para determinar qué cantidad comprar, otros porque hay medicamentos de mas que no se usan entonces les recetan medicinas que no necesitan, algunos más porque no tienen una atención de calidad y en el peor de los casos atención extemporánea ya cuando las enfermedades han avanzado mucho.
Es por ello que el ente fiscalizador debe ser audaz y actuar oportunamente para deducir las responsabilidades penales o administrativas que correspondan, ya que solo de ésta manera se logrará que en las instituciones públicas todos cumplan con su función y sobre todo que se cumpla con la buena utilización de los recursos públicos evitando la politización y corrupción.