El domingo 11 de agosto el pueblo guatemalteco válido una vez más el sistema. Mediante un proceso democrático construido a la medida de la clase poderosa de este país, con el apadrinamiento del ejército, sindicatos de gobierno, empleados gubernamentales, comerciantes agrupados en la Cámara de Comercio, un pequeño porcentaje de guatemaltecos no más del 10% del total de habitantes eligió a la persona que dirigirá los destinos de este país. El médico Alejandro Giammattei recibió el apoyo de aquellos que, sea por la razón que sea votaron por él y por el vicepresidente, incluido el equipo de gobierno.
El presidente electo, en compañía de su equipo de trabajo presentó un plan de gobierno, mismo que será de utilidad para la realización de las auditorías sociales, de las que la ciudadanía debe valerse para fiscalizar a todo servidor público.
Sin embargo hay intenciones presidenciales en Giammattei, unas buenas y otras malas. Por supuesto que mi opinión sobre las malas no es compartida por todos, cada uno, según su posición emitirá opinión al respecto. Hoy quiero referirme a una en particular.
La extracción minera es un tema del que el Presidente electo a manifestado su interés. Ha dicho en diversas ocasiones que él impulsará la minería en todas sus formas, como una estrategia para reactivar la economía y generar plazas de empleo. En una visita de trabajo a San Carlos Sija, en compañía de académicos observe la riqueza de la tierra en ese sector, la actividad agrícola es primordial, como sucede en muchas partes del país.
En 2014 Álvaro Caballero escribió en el blog “mesa de articulación” su análisis sobre el aporte de la agricultura a la economía así: “En Guatemala, a pesar de no reconocerse su importancia, la agricultura familiar campesina produce el 70% de los alimentos que llegan a la mesa, ocupa al 38% de la PEA (1.9 millones de personas), 1,299,377 familias rurales dependen de la actividad agropecuaria, 890,000 hectáreas se utilizan en cultivos anuales (maíz, frijol, arroz) y aproximadamente 5 millones de personas se benefician directamente de esta actividad, contribuye con un 14% a la conformación del PIB nacional, representa la inversión más importante a nacional, dinamiza el comercio local, regional e internacional, y al practicarse de forma sustentable favorece el medio ambiente”.
La extracción minera aportó al Producto Interno Bruto nacional en 2018 un 0.9%, esto es menos del 1%. Al comparar el aporte de la agricultura familiar al PIB del 14% con el 1% de la minería, encontramos trece veces más contribución en la economía del país. ¿Por qué hago estas comparaciones? De buena fuente sé de la existencia de más de 200 proyectos mineros que están en proceso desde hace varios años.
Los proyectos mineros contratan a firmas de abogados para comprar la tierra de los campesinos, quizá diez veces el valor establecido por ellos. El campesino no sabe que en su territorio existen minerales preciosos como el oro o el jade, de saberlo el precio subiría más de doscientas veces. Sin embargo existen costos sociales que no se incluyen en la negociación. El más importante es dejar a los guatemaltecos sin alimento. Si el propietario de la tierra no vende voluntariamente, lo obligan de muchas formas, llegando hasta el asesinato de él y su familia.
Para que el negocio valga la pena, el país debe recibir regalías mínimas de las ganancias obtenidas en la extracción minera del 50%, sin conceder exoneración de ningún impuesto. Sin embargo en este momento la ley establece el 1%, cuarenta y nueve veces menos, y de regalo la exoneración total de los impuestos. Bajo estas condiciones el presidente electo debe considerar la decisión de apoyar la minería en territorio nacional, modificar las reglas de juego antes, pensando siempre en el bien común.
Termino la reflexión de hoy con la frase: “llegará el día en que la libra de maíz valga más que el kilo de oro, esto será cuando ya no haya producción del preciado grano. Porque el hombre puede sobrevivir sin el metal precioso, pero sin alimento esta condenado a la muerte”.
Profesor universitario, académico, profesional de las Ciencias Económicas.