El día de ayer, diputados del denominado Frente Parlamentario Contra el Hambre, presentaron a la Dirección Legislativa del Congreso de la República, una iniciativa de ley denominada “Ley de Promoción de Alimentación Saludable”. El objetivo de esa iniciativa de ley, es que en el empaque de los alimentos se coloquen sellos que contengan la información nutricional, como las cantidades de grasa, azúcar y sodio, con la finalidad de que el consumidor tenga conocimiento de lo que va a engullir. De implementarse esa ley, se esperaría reducir el número de personas con enfermedades degenerativas como la diabetes, hipertensión y cardiopatías.
La información que se proporcionaría a los consumidores en los sellos colocados en el embalaje de los alimentos, indicará si son elevados en azucares, grasas saturadas, grasas trans, sodio, edulcorantes artificiales y por debajo de los sellos la leyenda: “El consumo alto de estos nutrientes es dañino para la salud”. La idea es, que las personas sepan sobre los ingredientes dañinos para su salud, que consumirían si adquieren el producto.
A simple vista, parece una buena idea para disminuir el consumo de la comida rápida (más conocida como comida chatarra), si solamente se tratara de ofrecer más información a los consumidores de alimentos (que somos todos), pero, resulta que dependiendo de la cantidad de sellos en el empaque de los alimentos, las empresas deberán pagar un impuesto que va desde el 10% al 35%. O sea, que si el empaque tiene un sello: 10% de impuesto, dos sellos: 15% de impuesto, tres sellos 20% de impuesto, cuatro sellos 25% de impuesto, cinco sellos 30% de impuesto y seis sellos 35% de impuesto. Lo recaudado por este nuevo tributo, sería destinado al Ministerio de Salud para atender enfermedades como las mencionadas arriba.
La experiencia permite decir, que ese impuesto no lo absorberían los empresarios y lo más seguro, es que lo trasladen al consumidor. Habría que analizar bien, la probabilidad de doble tributación, porque el consumidor pagaría el nuevo impuesto al consumir ese tipo de alimentos y también estaría pagando el IVA.
Un efecto que traería de aprobarse esa iniciativa de ley, sería un aumento inmediato en el costo de la canasta básica alimentaria. Lo recaudado, conociendo cómo funciona el Estado, muy probablemente, se emplearía para otros fines y no, en la atención de personas con enfermedades degenerativas.
Iniciativas de ley parecidas, se han presentado anteriormente, como la que pretende un impuesto para las bebidas carbonatadas y la que persigue prohibir la venta de comida chatarra en los establecimientos educativos, mismas que se encuentran engavetadas.
Las ideas no son malas, pero, la creación de nuevos impuestos sí dañaría la economía familiar y distorsionaría aún más el mercado de alimentos.
Es evidente que la proliferación del consumo de bebidas y alimentos elevados en grasas saturadas, trans, sodio, azúcar e ingredientes artificiales, ha contribuido a deteriorar la salud de muchas personas, desde niños hasta adultos mayores, pero difícilmente, esa tendencia cambie o se reduzca con nuevos impuestos. Hay otros factores que también contribuyen, como el sedentarismo derivado del uso masivo de los dispositivos digitales y la inseguridad ciudadana por ejemplo, que han propiciado que cada vez se haga menos actividad física, algo común hace algunas décadas, en los niños, adolescentes y jóvenes. Se está haciendo común, saber de personas en estas etapas de la vida, adolecer de diabetes e hipertensión, algo que antes era más frecuente en adultos mayores.
El deterioro de la alimentación no se dio de la noche a la mañana, ha sido un proceso de años, por lo que es difícil revertirlo con leyes aisladas. La mejor herramienta para incidir en que los consumidores disminuyan el consumo de alimentos chatarra, es la educación, misma que se debe mejorar en las escuelas y en los hogares. También es importante que se den condiciones para mejorar la economía, porque eso significa más y mejores ingresos para las familias y así, puedan acceder a alimentos con calidad nutricional. Si no hay mejores ingresos, difícilmente disminuirá el consumo de comida chatarra, porque muchas veces resulta más barata. Una educación de escasa calidad e ingresos bajos en las familias, seguirá incidiendo en el consumo de comida alta en calorías y de baja calidad nutricional.
Las personas con mejor educación y mayor información sobre el contenido de los alimentos que compran, pueden realizar una mejor selección. En la actualidad, un buen porcentaje de la población, tiene acceso a dispositivos digitales, señal de internet y a las redes sociales. Esa tecnología bien empleada, puede ser un medio importante para trasladar información a la población, sobre como tener una buena alimentación.
En síntesis, iniciativas de ley con buenas intenciones, pero, aisladas de la cultura, economía, clima de seguridad, tecnología digital y además, no consensuadas con diferentes actores sociales, la probabilidad de que sean efectivas y alcanzar sus objetivos, es muy escasa.
Administrador público, economista, politólogo, abogado y notario, y profesor universitario.