Desde que el Sr. Alvaro Arzú tuvo la “brillante” idea de privatizar el servicio de la Energía Eléctrica en nuestro país, la población más vulnerable empezó a sufrir un calvario para sufragar el pago del servicio eléctrico, tanto domiciliar como del alumbrado público.
Hasta hace poco, quizá unos diez años, los comunitarios de Totonicapán -48 Cantones-, estamos luchando para lograr que la empresa “de turno”, por medio de sus dueños –Comisión Nacional de Energía Eléctrica, CNEE-, pongan tarifas justas, accesibles para la población, jamás hemos pedido que se nos regale el servicio, simple y llanamente pagar lo que en derecho corresponde, tomando en cuenta que, de nuestros bosques, nacen y corren los ríos que sirven para hacer funcionar las hidroeléctricas.
Entendemos perfectamente que, la factura mensual que nos envía la empresa comercializadora de energía eléctrica –DEOCSA-, tiene dos conceptos diferentes de cobro, costo del servicio domiciliar y costo del servicio de alumbrado público. En esta oportunidad, quiero referirme específicamente al costo del alumbrado público.
Recientemente, vía telefónica -servicio al cliente- abordé a la señorita Rosalina Xalix, para que me explicara cómo calculan el famoso cobro de alumbrado público. Gentilmente me indico que, era muy difícil explicarme, que era mejor hacer el pago, a lo que le respondí con toda educación que, no tuviera pena, que haría “hasta lo imposible” para poder entenderle. Resulta que, según ella, el procedimiento es el siguiente: Del total de lámparas instaladas se multiplica por doce horas –6 PM a 6 AM-, luego se multiplica por la tarifa establecida, dividido por el número de usuarios residenciales. Pues, al terminar de escuchar su explicación, concluí que, definitivamente no era cosa del mundo galáctico. Ni lerdo ni perezoso, le pregunté que, por vida suya, me diera el dato total de lámparas instaladas y el número de usuarios registrados por la empresa a la cual ella trabaja -DEOCSA-, casi, casi en automático me respondió, “ese dato no lo tengo, lo lamento”, sin embargo, me sugirió llamar al número 23679300 para ampliar la información.
Ya estaba montado sobre el macho –comunitariamente hablando-, tenía que seguir mi investigación. Llamé y me atendió el Sr. Oliver Monterroso, hice la misma pregunta, y la respuesta fue, “Definitivamente no la va a entender, porque, usamos tecnología satelital”. Ups, ¿tecnología satelital para calcular el cobro del alumbrado público? Santo Dios. Hice una pausa, respiré profundo y le compartí la respuesta dada por la señorita Rosalina Xalix; estoy casi seguro, palideció su semblante, aunque no le estaba viendo, estoy casi seguro que eso ocurrió. Aceptó tácitamente la respuesta de su compañera, con el agregado que, toda la información que le estaba pidiendo –número de lámparas instaladas y número de usuarios, es información privada y no lo podía compartir. Sin embargo, obtuve un dato por demás importante y crucial para saber, quién autoriza el costo de la luz pública.
De acuerdo a lo afirmado por el Sr. Monterroso, la municipalidad de Totonicapán, envía a DEOCSA el monto que debe pagar por concepto de alumbrado público cada usuario, insiste el Sr. Monterroso, DEOCSA no tiene nada que ver con el monto a cobrar, esa es decisión de la Municipalidad. En ese orden de ideas, desde hace ocho días hábiles solicité información pormenorizada a la Municipalidad, para saber con certeza –por lo menos, esa es la idea-, quién o quiénes son los responsables de establecer el costo de la tarifa del alumbrado público.
Desde mi particular punto de vista, a la par de las manifestaciones en Cuatro Caminos, debemos ejercer nuestro derecho de investigar, pedir, solicitar, etc., información a donde corresponde para tener elementos de juicio, y así detener ese voraz y desmedido deseo de las empresas privadas de obtener más y más ganancias económicas a expensas del pueblo.
Contador público y auditor, docente universitario y ex alcalde comunitario.