Como escribía la semana anterior, es imprescindible tomar con toda responsabilidad y seriedad la iniciativa de Ley, que cataloga a las maras y extorsionistas como terroristas.
Desde ningún punto de vista, estoy ni defenderé a este grupo de seres humanos que día a día, cometen semejante barbaridades, desde robar un celular, extorsionar a mujeres que se dedican a la fabricación y venta de tortillas hasta detonar bombas en cualquier lugar, con tal de lograr su objetivo, enriquecimiento ilícito. Creo que el Sr. Giammattei, está aprovechando el momento justo para hacer trabajar a los diputados y crear la Ley que castigue severamente a las pandillas y extorsionistas. Sin embargo, debemos estar vigilantes –pero no en actitud como la de la señora vigilante-, para pedir y exigir a los diputados que hagan una ley para los verdaderos mareros y extorsionistas, que la normativa sea específica, especial, que no deje dudas sobre su aplicación e interpretación.
Algunos especialistas neoliberales han dicho que, los Decretos para incrementar salarios no es correcto. Arguyen que, si con hacer decretos se solucionaría los problemas, entonces hagamos un decreto para acabar con la pobreza, la desnutrición, etc. La misma interrogante hago al respecto ¿Con la promulgación de la Ley para declarar como terroristas a los mareros y extorsionistas se acabará ese mal? Obviamente no, sin embargo, muchos dirán, pero algo es algo. Nuevamente pregunto ¿seguiremos conformándonos con chapuces?
Señor presidente, usted debe tomar al toro por los cuernos y punto. Es urgente, imprescindible e inaplazable la disolución total del actual Sistema Penitenciario del país, luego construir uno nuevo, de acuerdo a las exigencias de 2020. Para nadie es un secreto que, las cárceles de Guatemala, desde hace mucho rato dejaron de cumplir su función, es decir, rehabilitar a la persona; al contrario, hoy por hoy, son centros donde la gente llega a especializarse en crímenes, centros de operaciones para dirigir extorsiones, etc., el mismo gobierno lo reconoce, cuando dice que, el 80 % de las extorsiones se realizan desde las cárceles.
El sistema penitenciario es controlado por los mareros, extorsionistas y delincuentes de cuello blanco sentenciados por la justicia, no lo digo yo, lo dijeron los jueces en su oportunidad, veamos casos como el señor Byron Lima y Manuel de Jesús Castillo, a ellos los cuidaban dentro de la cárcel, o sea, tenían guardaespaldas. En ese orden de ideas, de que sirve catalogar de terroristas, sentenciarlos a tantos años, sí de todos modos, ellos van a seguir delinquiendo a sus anchas, desde la comunidad de sus “celdas”.
Costa Rica, nuestro vecino que está a tan solo 1200 kilómetros de distancia, pero, nos lleva años y años de ventaja en desarrollo humano y democracia, hizo su primera reforma penitenciaria en 1970, desde hace 15 años ha estado estudiando una segunda reforma, porque la primera ya colapsó, y nosotros, sumidos en la corrupción, politiquería barata y a merced de los mareros y extorsionistas, no queremos empezar por la primera reforma.
Estimado lector, comparto el pensamiento del Msc. Mario Alberto Víquez Jiménez, profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica y Ex Viceministro de Justicia y Gracia, cuando señala en su tesis de Maestría en Criminología de 1989, sobre la prisión costarricense, y la reforma penitenciaria, ésta debería incluir al menos cuatro pilares: “Un nuevo modelo conceptual y operativo, un nuevo marco legal, una infraestructura acorde al modelo, y la selección y capacitación del personal penitenciario.”
Contador público y auditor, docente universitario y ex alcalde comunitario.