El día de hoy vimos la noticia que informa que la Dirección Departamental de Educación y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor –DIACO- investiga dos casos de cobros ilegales en escuelas lo cual está muy bien para evitar abusos por parte de los centros educativos, éstos casos son comunes cada vez que se inicia un ciclo escolar, sin embargo, no es lo único que deben investigar los entes encargados.
Existe un punto ciego que aún no ha sido investigado por la DIACO, la Dirección Departamental de Educación y la Superintendencia de Administración Tributaria y que pocos padres de familia se atreven a denunciar por temor a represalias con sus hijos, y es la venta de útiles escolares en librerías propias de los centros educativos, mayormente se dan éstos casos en los centros educativos privados en donde los mismos colegios se encargan de vender los uniformes, libros, cuadernos, por mencionar algunos artículos.
El término competencia desleal se utiliza para referirse “a los comportamientos de cualquier profesional o empresario que resulten contrarios a las exigencias de la buena fe. Se entiende que es así cuando no se ajusta a las prácticas consideradas como honestas o que pretenden alterar el comportamiento del cliente”, precisamente esto es lo que sucede con los centros educativos que de manera discrecional obligan a los padres de familia a adquirir útiles escolares en determinado negocio, sesgando la preferencia de los clientes potenciales y compitiendo deslealmente con otros negocios independientes que también se dedican a la venta de èstos.
Este comportamiento pareciera sencillo y sin importancia, pero tiene gran repercusión en el comportamiento del mercado, en muchos casos en los negocios independientes los útiles se encuentran un poco más económicos que en los negocios propiedad de los centros educativos, además se les quita la oportunidad de ofrecer sus productos acaparando el mercado lo cual no es sano para el desarrollo económico de una ciudad, tal es el caso de Quetzaltenango.
Es por ello que se hace un llamado a la Dirección Departamental de Educación, a la DIACO y a la SAT para que de oficio puedan verificar éstos extremos, también a los padres de familia para que presenten las denuncias correspondientes a éstas instituciones, el problema no es que los centros educativos privados tengan negocios en donde venda útiles y uniformes, el problema en si, es que se obligue a los padres de familia a adquirir todos los útiles, uniformes y otros en esos negocios, lo cual genera una evidente competencia desleal cuando lo que debe existir es libertad para que los consumidores potenciales adquieran en cualquier negocio lo necesario para la educación de sus hijos, en resumen el lugar de adquisición debe quedar a discreción de quien compra y no de quien vende.
Esta práctica ha sido común, pero puede cambiarse poco a poco y es de doble vía porque depende de las acciones que tomen las instituciones mencionadas, pero también de los padres de familia que presenten las denuncias para que sean investigadas y se defiendan los intereses de los consumidores dando oportunidad a un libre mercado.