Que los recursos naturales y financieros están en manos del 5 % del total de la población guatemalteca; en la actualidad, esta realidad aún no se ha superado. Las generaciones actuales y futuras tendremos que superar esta injusticia social.
Al respecto, (Prensa Libre, 2018) en el artículo: CIDH presenta informe sobre derechos humanos en Guatemala, señala, “una economía basada en la concentración del poder económico en pocas manos, una estructura estatal débil, con pocos recursos por la escasa recaudación fiscal y altos niveles de corrupción”. En las entregas anteriores de esta columna señalé la anticuada e infuncional estructura organizacional de las instituciones del Estado y de la legislación laboral, que tiene que ser revisada si deseamos encontrar el camino hacia el desarrollo. Asimismo, explicaba que los bienes y recursos naturales están en pocas manos. Qué mejor que entidades extranjeras hagan estos señalamientos, porque si lo hacemos los guatemaltecos, inmediatamente nos descalifican.
En el mismo informe se señala, “además, evidencia la fortaleza con la que se mantienen los niveles de discriminación, la desigualdad social, pobreza, exclusión y falta de acceso a la justicia; sumando a que la pobreza extrema es mayor en las comunidades indígenas”. Me alegra sobremanera que —pero en mi ser me preocupa— coincida de manera general con el contenido de este informe. Los niveles de discriminación aún se mantienen en sus diferentes manifestaciones. Para la superación de este flagelo, que se manifiesta en lo social, cultural, social, político, económico, todos los sectores sociales debemos participar, pero con mayor responsabilidad las élites del país.
Entonces, es evidente que en el país existe la desigualdad social, que se manifiesta en la pobreza, exclusión y la falta de acceso a la justicia. Sin embargo, para superar estos flagelos sociales, las élites económicas y políticas deben reflexionar sobre el rol que han jugado y que jugarán en el desarrollo del país. No se vale que en el país, haya familias que ya no pueden calcular los bienes y recursos financieros que poseen, mientras que en el área rural, haya familias que vivan con cuatro dólares al día. ¡Qué injusticia social!
La población en general también debe despertar de este problema histórico y político. Porque, para la superación de este problema, es imperativo que la población priorice la educación, salud e infraestructura. Debo aplaudir a las personas y/o sectores sociales que se han organizado y participan en el desarrollo de las políticas públicas. No obstante, es importante que de manera directa participen en la formulación y ejecución de las políticas públicas. Solo de esta manera, creo, encontraremos el camino hacia el desarrollo integral.